Primero los adultos mayores

El Estado debe intervenir en las fallas del mercado.

Por: Gerardo Salas

Como parte de las actividades del programa de doctorado que actualmente curso, se realizó un análisis a un programa social, por lo que decidí realizarlo al más icónico de la administración de Andrés Manuel López Obrador: la pensión universal para el bienestar de los adultos mayores. El resultado me amplió el panorama del impacto que genera en una de los segmentos poblacionales más vulnerables, por lo que me permito compartir parte de las conclusiones en este espacio. 

Primeramente, hay que mencionar que consistente en un apoyo económico bimestral de $3,900 pesos a los mexicanos mayores de 65 años. Al mes pasado se llegó a casi 10 millones de beneficiarios, contando con un presupuesto de 150 mil millones de pesos. 

En cuestión demográfica, en 2018 había 9.1 millones de personas de 65 año ó más, representando el 7.2% de la población total. En 1 de cada 4 hogares mexicanos residía una o más personas en tal etapa de vida. Habiendo 2.5 millones de hogares con solo integrantes de este grupo. 

En su mayoría se encuentra entre los 65 y 74 años de edad. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) da a conocer que 2.4 millones no saben leer ni escribir, representando el 16% de tal segmento de la población, siendo en su mayoría mujeres. 

Al recibir la presidencia Andrés Manuel López Obrador, si bien el 70% de la población mayor de 65 años o más contaban con ingresos provenientes de su jubilación o por algún programa social, estos ingresos no eran sustanciales para erradicar la pobreza en tal sector. Además, que estos conceptos de ingresos fueron su principal fuente financiera para el sector poblacional mencionado. 

Los mexicanos con 65 años o más presentan una notable desigualdad en el ingreso que genera mayor incidencia en la pobreza, principalmente quienes no reciben ingresos por alguna de las fuentes señaladas en el párrafo anterior. 

Dentro de este sector poblacional, las mujeres resultan tener mayor vulnerabilidad ya que son el género que más carece de pensión por jubilación, lo que agudiza su necesidad de un programa social. 

El Coneval señala que las personas mayores están más en riesgo de caer en situación de pobreza debido a la reducción de sus capacidades físicas y de salud, y al no tener ingresos provenientes de actividades laborales, y en mayor medida si cuentan con bajos niveles de estudios. Por lo tanto, se ven necesitados de mecanismos de retiro del trabajo, pero no todos cuentan con tal, por lo que se vuelve esencial la protección social. 

En cuanto a la situación económica del sector, el INEGI da a conocer que casi 4 de cada 10 adultos entre 60 a 69 años se encuentran laborando, disminuyendo conforme aumenta el rango de edad hasta llegar a un 8% entre quienes tienen 80 años o más. 

Se señala que hay menor incidencia de vulnerabilidad por carencias sociales entre la población de 65 o más años que entre el resto de la población, pero se identifica mayor vulnerabilidad por ingresos entre la población de 65 o más años que en el resto. 

De esta forma podemos encontrar que sólo un porcentaje reducido cuenta con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades primarias durante la vejez, incluso contando con jubilación tienen que encontrar opciones laborales para incrementar sus ingresos o, en un caso peor, no cuentan con jubilación convencional ya que durante su edad productiva laboraron en el sector informal. 

Aunque hay economistas que históricamente han señalado que el mercado buscará la eficiencia de manera natural, casos como el de los adultos mayores en nuestro país lo refutan. Por lo tanto, la única forma de contrarrestar estas fallas de mercado es con un Estado que intervenga a través de programas sociales como la pensión universal para el bienestar de los adultos mayores que aportan, en gran medida, a una vejez digna.