By Por: Wendy Plascencia
En las últimas décadas, Tijuana se ha convertido en un laboratorio de las promesas y límites del modelo neoliberal en México. La ciudad, con 1.9 millones de habitantes (INEGI, 2020), ha visto crecer su economía y su atractivo para la inversión nacional e internacional, pero también ha enfrentado el aumento de la desigualdad, el poco acceso a la vivienda y los problemas del transporte público son un ejemplo de ello. En este escenario, la vida cotidiana de miles de tijuanenses revela la tensión entre el gran dinamismo económico y la dificultad de acceder a derechos urbanos básicos, especialmente para la clase trabajadora.
El auge inmobiliario en Tijuana durante 2024 es muestra clara de estas contradicciones. Según la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), la Zona Metropolitana de Tijuana registró un incremento del 12.8% en el precio de la vivienda solo en el primer trimestre del año, el mayor aumento entre las principales ciudades del país (SHF, 2024). Esta presión sobre la asequibilidad se intensifica en las zonas centrales, donde la demanda de vivienda cercana al empleo y los servicios ha elevado las rentas entre 10% y 20% en colonias como El Centro, Río y Colonia Madero (The Latin Investor, 2025). La verticalización del mercado es evidente: al cierre de 2024, había 83 torres en construcción, concentradas en corredores estratégicos y el centro de la ciudad. Sin embargo, esta transformación urbana beneficia sobre todo a quienes pueden pagar precios elevados, mientras las familias de menores ingresos son desplazadas hacia la periferia, donde la infraestructura y los servicios son limitados.
Diversos estudios han señalado que la política habitacional en México ha transitado de un modelo de Estado de bienestar a uno guiado por el mercado, reduciendo la intervención pública en la provisión de vivienda social (Jardón Hernández, 2009). El premio nobel de economía 2001, Joseph Stiglitz, ha advertido que uno de los grandes problemas del neoliberalismo es que los mercados asignan bienes según la capacidad de pago, dejando insatisfechas las necesidades de quienes menos tienen. En Tijuana, esta lógica se traduce en una ciudad donde el acceso a la vivienda digna se vuelve cada vez más difícil para la mayoría, y el derecho a la ciudad se ve erosionado por la especulación y la falta de regulación efectiva.
Es verdad que Tijuana está dando pasos firmes hacia una movilidad más sostenible, se sigue enfrentando a grandes retos de modernizar su transporte público con ambición y visión de futuro. Aunque todavía no es igual a los sistemas de grandes ciudades globales, la transformación ya avanza. Si bien aún no existe un sistema público totalmente eficiente, existen iniciativas como el de bicicletas compartidas y estudios en curso para implementar este medio de transporte ecológico y práctico. Estos avances son clave para mejorar la vida diaria de quienes dependen del transporte público, facilitando los traslados y contribuyendo a una mayor equidad social. El camino hacia un sistema integrado y moderno es complejo, pero cada innovación acerca a la ciudad a un modelo de movilidad más justo e inclusivo, donde la comunidad tenga opciones para desplazarse con mayor seguridad, comodidad y respeto al medio ambiente.
Stiglitz sostiene que la libertad de mercado, sin regulación ni intervención estatal, no garantiza bienestar ni equidad. “Uno de los defectos obvios de los mercados es que asignan bienes en función de la capacidad de pago, por lo que las preferencias de quienes no tienen dinero quedan insatisfechas” (Stiglitz, 2024). Además, advierte que la desregulación y la concentración económica han incrementado la desigualdad y debilitado la confianza social. La ausencia de políticas públicas robustas en vivienda y transporte ha profundizado las brechas urbanas y ha hecho más evidente la necesidad de repensar el papel del Estado.
No se trata de rechazar la inversión privada ni de negar el dinamismo que aporta el mercado, sino de reconocer que el desarrollo urbano requiere reglas claras, planeación estratégica y una intervención pública que priorice el bienestar colectivo. Como señala Stiglitz, “para que una sociedad funcione bien, necesitamos un conjunto rico de instituciones, no sólo empresas con fines de lucro, sino también un gobierno capaz de regular e invertir donde el mercado no puede o no quiere hacerlo”.
La experiencia tijuanense muestra que el crecimiento económico, sin políticas públicas sólidas y una intervención estatal equilibrada, tiende a profundizar la desigualdad urbana. El reto es construir una ciudad más inclusiva y conectada, donde el desarrollo beneficie a la mayoría y el derecho a la ciudad sea una realidad para todas y todos. La historia reciente de Tijuana nos recuerda que la libertad, para ser significativa, debe ir acompañada de equidad y justicia social.
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