By Por: Roberto Quijano Luna / Abogado. Académico. Autor.
En el contexto económico y político actual de México, la discusión sobre la carga tributaria se ha convertido en un tema de gran importancia; especialmente para la clase media y empresarial.
De acuerdo con cifras de la OCDE, la carga tributaria en México es aproximadamente del 16.5% del PIB, significativamente menor en comparación con el promedio de otros países integrantes de dicha organización que es alrededor del 34.3%. Países como Dinamarca y Francia superan el 40% del PIB. Esto nos lleva a cuestionar: ¿Pagamos en México muchos o pocos impuestos?
Más del 50% de la economía mexicana es informal, lo que significa que aproximadamente un 49% de la economía formal, conformada por la clase media y empresarial, sostiene la mayor parte de la carga tributaria a través de impuestos municipales, estatales y federales.
La necesidad del Estado por obtener más recursos para financiar sus gastos a menudo resulta en medidas fiscales que afectan desproporcionadamente a quienes ya están dentro de la economía formal.
Por ejemplo, en Baja California, la tasa de impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal era de 1.80% en 2023, pero con la implementación de sobretasas y posteriormente la reforma a la Ley de Hacienda de Baja California, la tasa aumentó al 4.25% para el presente ejercicio fiscal.
Estas decisiones afectan tanto a grandes empresas como a pequeños comerciantes, con el peligro de empujar a estos últimos hacia la informalidad debido a la inviabilidad de sus negocios bajo tales cargas.
Es crucial reconocer que las políticas tributarias deben ser justas y equitativas. El principio de proporcionalidad, un pilar del derecho constitucional, demanda que cualquier medida tributaria respete la capacidad económica de los contribuyentes. Sin embargo, la realidad muestra que la carga se incrementa constantemente sobre quienes ya contribuyen regularmente.
El aumento en la carga tributaria debería estar dirigido no sólo a quienes ya están dentro del sistema, sino también a integrar a más personas de la economía informal. Esto no sólo ampliará la base de contribuyentes sino que también fomentaría un sistema más justo y equitativo. Actualmente, la clase baja que trabaja en la informalidad está en desventaja, sin acceso a seguridad social y con prestaciones inferiores a lo estipulado por la ley.
En un escenario ideal, todos deberíamos contribuir equitativamente al gasto público. Si pagar más impuestos resultará en servicios públicos de calidad comparables a los de Dinamarca, Suecia o Japón, quizás la perspectiva de los contribuyentes sería diferente. Sin embargo, la percepción de ineficiencia en el manejo de los recursos públicos prevalece, lo que genera resistencia y frustración.
Ante este panorama, es imperativo que la clase empresarial y la población en general no sólo reconozcan la importancia de contribuir tributariamente, sino también que se organicen y demandan una reforma que asegure justicia y proporcionalidad fiscal, incluso recurren a los mecanismos legales a su disposición para defender sus intereses. La carga tributaria debe ser un reflejo de la capacidad económica de cada contribuyente y no simplemente un mecanismo para cubrir gastos exorbitantes del Estado.
Mientras el gobierno continúa con su tendencia de aumentar los impuestos, es crucial que exista un debate informado y una acción colectiva para asegurar que el sistema tributario no sólo sea capaz de financiar al Estado, sino que también promueva la equidad y la justicia para todos los mexicanos.
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