By Por Gustavo Morales
Durante muchos años, detentadores de poder de hecho y de derecho, apoyados por constitucionalistas que pusieron su pluma a su servicio, se han apropiado de las sedes de control constitucional.
Durante esos muchos, la inmensa mayoría de la sociedad, no se ha identificado con las normas jurídicas, es más, ni siquiera las entiende, peor aún, se siente perseguida, ignorada y hasta despreciada por la interpretación y aplicación de las normas que el poder omnímodo y con menos credenciales democráticas hace de ellas.
Hoy se critica la elección judicial porque, según algunas lánguidas voces, pretende acabar con el “honesto” trabajo jurisdiccional y la “impoluta” independencia judicial que, dicho sea de paso, sirvió para empoderar a unos cuantos. Por lo que es difícil convalidar el contenido de tales acusaciones.
Y es interesante que, a pesar de que la elección judicial va más allá de la democratización de jueces, magistrados y ministros. Todas y todos ellos han concentrado gran cantidad de su tiempo y buena parte de sus energías en desarrollar maromas y peripecias argumentativas para expresar su rechazo a dicha elección, esgrimiendo que ese método desprecia la carrera judicial y abre la puerta a que personas sin la preparación adecuada lleguen a ocupar tales cargos, lo cual afectaría ostensiblemente la impartición de justicia. Esto no sólo es falaz, sino deshonesto y me explico:
En primer lugar; una larga y profusa carrera dentro del Poder Judicial de la Federación, ni los más altos grados académicos legitiman, ni son más mérito que el particular, es decir, no son de beneficio colectivo. Lo que realmente legitima a jueces, magistrados y ministros es que el contenido de sus sentencias acerque a las y los justiciables al ideal de justicia, no la razón y el derecho, del que cabe mencionar la mayoría hemos sido alienados.
En segundo lugar; con base en el estudio “El déficit democrático” Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación, del Dr. Julio Ríos Figueroa, Investigador del CIDE, el 51% de jueces y magistrados tiene al menos un familiar en el Poder Judicial de la Federación. También, entre 1995 y 2016, 87% de los concursos fueron convocatorias cerradas en las que sólo podían inscribirse personas ya dentro del Poder Judicial, es decir, excluían a profesores, académicos y abogados litigantes.
Tal vez no lo recuerdes o no lo sepas. Pero; ¿cómo olvidar los casos de Ana Elena Aguilar Arrangóiz, Daniela Pardo Soto o Juan Claudio Delgado Ortiz Mena? Quienes a pesar de contar con título de cirujano dentista o contando con el título de licenciada en derecho, sin tener experiencia, llegaron a trabajar al máximo tribunal del país; ¿cómo lo hicieron? Sólo bastó con ser hijas y primos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como se puede advertir, a quienes combaten la reforma, no les interesa la justicia, les interesa mantener el dinero y los oropeles del poder que disfrutan por ser parte de la familia judicial. Es ofensivo.
Es importante fortalecer la cultura política y jurídica en la ciudadanía, porque en la medida que los ciudadanos estén más involucrados en el conocimiento, no solo tendrán mayor capacidad de participar, sino también distinguir los diferentes tipos de proyectos que existen.
¿Esta reforma acabará con los problemas que existen dentro del Poder Judicial de la Federación? No lo creo. ¿Esta reforma generará problemas donde no los había? No lo sé. Pero, lo que sí sé es que esta reforma busca lo que se necesita, que la sociedad se reapropie del derecho y de las sedes de control constitucional. ¿le auguro un buen futuro? Sí, nada puede resultar peor de lo que ya está el Poder Judicial de la Federación.
Comments