Por: Roberto Quijano Luna / Abogado. Académico. Autor.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) ha sido un pilar fundamental para el desarrollo económico de Baja California, una región que históricamente ha dependido en gran medida de su proximidad con Estados Unidos para prosperar. Sin embargo, el TMEC enfrenta actualmente riesgos críticos derivados de las reformas que se están impulsando en el Congreso de la Unión en México, las cuales podrían alterar el statu quo que ha permitido que Baja California florezca.
El TMEC no es solo un acuerdo comercial; es el marco que ha permitido que miles de empleos se hayan creado en la región, que la infraestructura se desarrolle y que la economía local se mantenga estable. Baja California ha sido beneficiada directamente por las reglas de origen y las preferencias arancelarias establecidas en el tratado, lo que ha incentivado a empresas de diversos sectores, desde la manufactura hasta la tecnología, a establecerse en la región. Sin el TMEC, la presencia de estas empresas podría verse amenazada, poniendo en riesgo la estabilidad económica de miles de familias.
Un aspecto crucial del TMEC ha sido su capacidad para transformar la estructura socioeconómica de Baja California. La región ha visto nacer una clase media de profesionistas, técnicos e ingenieros altamente capacitados, cuyo poder adquisitivo ha sido impulsado por las oportunidades laborales en la industria maquiladora y exportadora. Estas industrias, atraídas por las ventajas competitivas que ofrece el TMEC, han sido el motor que ha permitido que esta nueva clase media crezca y se consolide, brindando estabilidad económica a la región.
Las reformas en curso en el Congreso mexicano ponen en peligro este progreso. Las propuestas de debilitar o eliminar órganos autónomos y de modificar la estructura del poder judicial presentan un riesgo para la seguridad jurídica que ha sido esencial para atraer inversiones en Baja California. La desaparición de estos órganos y la posible politización del sistema judicial podrían generar incertidumbre entre los inversionistas, especialmente aquellos en la industria maquiladora, que dependen de un entorno legal confiable para operar eficientemente.
Si la confianza en el sistema judicial se ve erosionada, muchas empresas podrían reconsiderar sus inversiones en la región, lo que tendría un impacto negativo en el empleo y economía local. Baja California podría perder su atractivo como un destino confiable para la inversión extranjera, un cambio que afectaría no solo a las empresas existentes, sino también a las futuras oportunidades de desarrollo económico.
La realidad de Baja California es que su desarrollo y estabilidad económica dependen en gran medida de su relación con Estados Unidos y de los beneficios que el TMEC ha proporcionado. La defensa de este tratado es, por lo tanto, una defensa del bienestar de millones de personas que han construido su vida alrededor de las oportunidades que el acuerdo ha generado. Como promotores y beneficiarios directos del TMEC, es esencial que en Baja California se apoyen iniciativas que mantengan la estabilidad y continuidad del tratado, ya que cualquier alteración podría tener consecuencias devastadoras para la economía regional.
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