By A tres meses de que se celebren las primeras elecciones concurrentes de gran magnitud en el país, en el que de manera simultánea se habrán de renovar poderes federales, locales y ayuntamientos, nos preparamos para ser partes de una contienda que promete ser muy intensa y creativa, en medio de la terrible pandemia por el Covid-19 que vienen azotando a todas las regiones de la nación y del mundo entero.
El movimiento político y social que llevó al poder a Morena bajo la figura del ahora Presidente Andrés Manuel López Obra-dor, tiene el enorme reto de obtener un refrendo de los millones de electores que le otorgaron su voto bajo la promesa de impulsar desde el gobierno una regeneración de la vida pública nacional, lo cual se replicó en las elecciones locales en el 2019, en que Jaime Bonilla obtuvo la gubernatura de la entidad, junto con la mayoría en el congreso y todos los gobiernos municipales.
Por todo lo que está de por medio, y que en gran medida tiene que ver con el futuro de todos los mexicanos y nuestra convivencia democrática, las fuerzas políticas construyen sus alianzas y buscan a sus mejores figuras para salir a convencer a los elec-tores de que son portadoras de las propuestas y alternativas que más convienen a las mayorías, para lo cual se habrán de emitir mi-llones de mensajes lo más persuasivos que sean posibles y desde luego, permitidos por la ley.
La batalla será de lo más intensa que hayamos visto, y por ello habrá de entrañar el desafío de que al finalizar el proceso ga-nadores y perdedores reconozcan los resultados y logren que el nuevo acomodo político garantice la legitimidad democrática y el funcionamiento del orden institucional.
La desconfianza entre unos y otros siempre ha estado presente y por ello la gran cantidad de recursos que se tienen que invertir para contar con procesos mí-nimamente aceptados y reconocidos entre las fuerzas que se viene disputando el poder en el territorio nacional. Y es que la historia de fraudes y el uso de malas ar-tes electorales nos tiene marcados desde siempre y es-ta vez el fantasma de la desconfianza, la confrontación y la violencia podrían dar lugar a una nueva crisis política de resultados impredecibles.
López Obrador ya se dio cuenta de ello y fue por eso que el pasado 23 de febrero leyó una carta durante su conferencia mañanera, que exhorta a los titulares de los gobiernos estatales, a celebrar un Acuerdo Nacio-nal para la Democracia que permita garantizar el respeto a la legalidad durante el proceso electoral y al cual ya se han sumado la gran mayoría de gobernadores en el país, sobre la base de que el propio Presidente se compromete a actuar con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular.
Como si fuera una especie de vacuna, se busca que efectivamente nadie de ellos “intervengan para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de “cuello blanco” para finan- ciar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar a tramposos o “mapaches electorales»; a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas prácticas ilegales y antidemocráticas.”
De esta manera y sin suplantar las facultades de Instituto Nacional Electoral (INE), se viene construyendo un blindaje político que efectivamente se requiere para prevenir un escenario de descomposición y violencia que conduzcan a una regresión en la vida democrática de todos los mexicanos, lo cual de ninguna manera se puede descartar, pero la iniciativa ha sido tomada y la respuesta a esta vacuna electoral hasta el momento ha sido positiva, lo cual ya es ganancia. En la próxima entrega hablaremos de cómo se acomodan las fichas en el tablero local.
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