POR: MIGUEL ÁNGEL MORA MARRUFO
Los derechos humanos han tomado mayor relevancia en los últimos años. Aunque nos han acompañado desde el inicio de la humanidad, parece ser que, al menos en el caso de México, se han colocado en el discurso, en la agenda pública, en la propia comunidad y más recientemente en las empresas.
El Sistema Universal de Derechos Humanos en particular ha puesto sobre la mesa la necesidad de involucrar en la materialización de los derechos humanos al sector empresarial. Especialmente a partir de la publicación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos cuya propuesta nace del representante especial del secretario general de la ONU hace más de una década con el objeto de impulsar las empresas como entes especializados que adoptan una política interna y construyan mecanismos de respuesta para garantizar los derechos humanos de sus colaboradores y de la comunidad a la que pertenecen.
Estos principios generales se basan en tres pilares fundamentales donde se reconoce que, en primer lugar, es el Estado y sus instituciones quienes tienen la obligación internacional y constitucional de garantizar y proteger los derechos humanos de las personas. En segunda instancia, el papel de las empresas como organizaciones especializadas de la sociedad que desempeñan funciones que impactan en la vida de las personas, así como de las comunidades, y que deben cumplir con las leyes aplicables y respetar los derechos humanos. En tercer lugar, en caso de la vulneración de algún derecho humano, las empresas deben de contar con mecanismos y recursos para la restitución de derechos.
Esta nueva visión está rompiendo paradigmas, tradicionalmente se ha colocado a los derechos humanos dentro de las instituciones públicas, del propio Derecho o de los organismos públicos de derechos humanos.
Aquí se plantea que, ante los retos mayúsculos y profundos que se siguen presentando como: la violencia, el abuso de poder, la discriminación y diversos fenómenos que trasgreden la dignidad de las personas, es indispensable la participación de las empresas, así como de las y los empresarios.
Además, aquellos países donde el sector empresarial ha adoptado este compromiso con los derechos humanos incluso han experimentado mayor rentabilidad. Es un hecho comprobable que donde estén presentes los derechos humanos, habrá mejores condiciones de vida, respeto a la dignidad de las personas y la posibilidad de alcanzar la felicidad.
Con este planteamiento, se busca incluso ir más allá de la empresa socialmente responsable: significa colocar en el centro a las personas y sus necesidades, entender que se requiere de una visión holística e interseccional para atender a los grupos de atención prioritaria, como pueden ser personas en contexto de movilidad, integrantes de pueblos originarios y comunidades indígenas o personas que viven con alguna discapacidad. Además, los recientes cambios normativos en materia laboral obligan a las empresas a responder al acoso y abuso laboral o sexual, a situaciones de discriminación y violencia, así como también atender uno de los mayores retos de los tiempos recientes: la salud mental de las personas.
Esta es una invitación al sector empresarial a comprometerse y sumarse a la agenda de los derechos humanos, que es la agenda de la dignidad humana.
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