By Después de 18 horas de debate, en la Cámara de Diputados se aprobó en lo particular la iniciativa para crear la Ley de Hidrocarburos y reformar las leyes de Inversión Extranjera, Minera y de Asociaciones Público Privadas, en el proyecto se modificó un artículo para incentivar que los propietarios de la tierra acepten el uso del fracking para la explotación y exploración de hidrocarburos.
Con 310 votos a favor y 106 en contra los diputados aprobaron el dictamen sólo con las modificaciones propuestas por el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Antonio Bernal Gutiérrez, y del panista Germán Pacheco, pues rechazaron los cientos de cambios que presentaron los partidos de izquierda.
En las modificaciones aprobadas en el dictamen —que volverá a la Cámara de Senadores con los cambios— se establece que los dueños de la tierra deberán recibir por derecho la contraprestación o pago por afectaciones, por previsión de daños y perjuicios y una renta por ocupación de su terreno.
Asimismo, se establece que siempre que se trate de proyectos que alcancen la extracción comercial de hidrocarburos, les corresponderá un porcentaje de los ingresos que obtenga la empresa tras haber hecho los pagos correspondientes al Fondo Mexicano del Petróleo.
Los diputados decidieron que el rango de ese porcentaje sólo será más alto cuando se trate de explotar terrenos con gas shale, obtenido a través de fractura hidráulica o fracking.
“El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior no podrá ser menor al 0.5 ni mayor al tres por ciento en el caso del Gas natural No Asociado y en los demás casos no podrá ser menor al 0.5 por ciento ni mayor al dos por ciento”, cita el proyecto modificado.
Según los recursos prospectivos de Petróleos Mexicanos sobre el gas natural en el país, la mayor parte del recurso es gas seco o gas no asociado con 104.7 billones de pies cúbicos, en comparación con los 36.8 billones de pies cúbicos que se calculan de gas húmedo.
“Con este cambio se busca dar incentivos para el fracking. Esta puede ser una manera de convencer a los dueños de los terrenos para que cedan su tierra a las empresas petroleras de fracking y que realicen la extracción de este hidrocarburo con la idea de que se van a beneficiar incluso más que con la explotación de otro hidrocarburo”, dijo en entrevista Aora de la Fuente, investigadora de Fundar Centro de Análisis e Investigación (@FundarMexico) e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking (@NoFrackingMx).
El fracking consiste en hacer perforaciones verticales de hasta cinco kilómetros de profundidad y después otros más en horizontal para inyectar a gran presión agua con arena que se combina con diferentes aditivos químicos, lo que provoca que las rocas de lutita o pizarra se fracturen y liberen gas natural que asciende a la superficie a través de un pozo.
Sin embargo, aunque se dan incentivos para aceptar la fractura hidráulica, éstos sólo se entregarán cuando se lleve a cabo la extracción comercial, por lo que los proyectos de exploración quedan fuera del beneficio.
“Cualquier proyecto de exploración con fractura hidráulica ya contamina acuíferos, ya genera afectaciones territoriales fuertes, ya implica la fractura en sí con todas las consecuencias negativas, pero la ley dice que el pago, este porcentaje para convencer a los propietarios de la tierra que cedan sus terrenos, sólo es para aquellos que resulten comercialmente viables. Y la realidad es que los dueños de la tierra nunca verán este incentivo”, explicó Aora de la Fuente.
Según los datos de los pozos perforados en Estados Unidos, el 80% no resulta comercialmente viable, por lo que, pese a la promesa de obtener hasta el 3% de las ganancias, las probabilidades de que éstas no lleguen son altas.
En el dictamen se mantuvo la figura de ocupación temporal para que las empresas puedan explotar los terrenos cuando no se llegue a un acuerdo de renta o venta con los dueños de la tierras.
Según la Alianza Mexicana contra el Fracking los pozos de gas shale tienen vida productiva de 3 a 5 años, pero después de ese periodo la tierra queda inservible para el desarrollo de otras actividades económicas.
Los senadores del PRI, Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) defendieron la fractura hidráulica al considerar que permitirá la explotación de reservas de gas natural en el país. Los partidos de izquierda se oponen a la actividad porque consideran que dañará el medio ambiente y traerá consecuencias negativas para los ciudadanos que vivan cerca de un pozo.
“El gas natural es el más limpio de los combustibles fósiles, si se produce de una forma tal que no se fugue ni se impacte negativamente a las personas y a los ecosistemas, puede ser un energético de transición que permita conducir al país hacia una economía de bajo carbono basada en fuentes de energía renovable y limpia. A la luz de la experiencia internacional y en virtud de los avances tecnológicos recientes, hoy en día en México es posible desarrollar el gas y el aceite de lutitas de forma segura y respetuosa con el medio ambiente”, dijo la diputada del PVEM, Lourdes Adriana López Moreno.
Pese a que la aprobación en lo general de este dictamen que contiene la Ley de Hidrocarburos y reforma las leyes de Inversión Extranjera, Minera y de Asociaciones Público Privadas se dio tras cinco horas de debate, la discusión en lo particular se alargó por 13 horas por la negativa de los diputados del Partido Movimiento Ciudadano y algunos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de acogerse a un acuerdo en el que se negoció presentar las reservas en bloque, en lugar de que cada legislador subiera a tribuna a exponer una por una.
En esta larga sesión —en la que se hizo una pausa por el sismo registrado a las 05:45 del martes— sólo se discutió el primero de los siete dictámenes que contienen las leyes reglamentarias de la reforma energética.
Se espera que este martes a partir de las 14:00 horas los diputados discutan el segundo proyecto, el cuál contiene la Ley de la Industria Eléctrica, y continúen a lo largo de la semana con la aprobación, por día, de un dictamen, por lo que podrían concluir el debate de las leyes energéticas durante el fin de semana.
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