By Tres años de lucha, cero sentencias. Ese fue uno de los datos más alarmantes que se compartieron este lunes en la sala audiovisual de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), durante la presentación del primer análisis integral sobre los obstáculos y desafíos en el acceso a la justicia para madres víctimas de violencia vicaria en el estado.
El informe fue presentado por el colectivo CESODI, en colaboración con la Red de Mujeres Unidas por Baja California y Yehuani A.C., quienes ofrecieron una rueda de prensa para visibilizar las barreras estructurales que enfrentan las mujeres en los procesos judiciales familiares.
A pesar de que la iniciativa legislativa para reconocer la violencia vicaria fue presentada en 2022 y aprobada en 2023, hasta la fecha no se ha dictado una sola sentencia bajo este marco jurídico. Esta ausencia de resoluciones judiciales revela una preocupante brecha entre la ley y su aplicación efectiva.
Resaltaron que existen omisiones que perpetúan el daño.
Durante la presentación, se señalaron múltiples fallas institucionales, omisiones en la valoración de antecedentes de violencia, falta de criterios homogéneos en los juzgados familiares, ausencia de espacios especializados para la testimonial infantil, y dilaciones procesales que afectan directamente el bienestar de las infancias. También se documentaron patrones reiterados de violencia psicológica, económica y digital, todos vinculados a la violencia vicaria.
En ese sentido, Estefanía Placencia, presidenta de CESODI, fue contundente.
“Estamos igual que hace tres años. No hemos notado ningún avance. Por eso trabajamos en este análisis, para mostrar lo que hemos documentado y proponer rutas de acción”.
Placencia subrayó que el principal obstáculo no es la falta de legislación, sino la falta de voluntad institucional para aplicar lo que ya está aprobado.
“Las instituciones que tienen la obligación de ayudar a las madres no están haciendo lo que les corresponde, ni siquiera con los recursos que ya tienen”.
Por su parte, Alejandra Jiménez, coordinadora del área de investigación, explicó que uno de los logros ha sido la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal. Sin embargo, denunció que muchas autoridades siguen sin reconocer la violencia vicaria como tal, clasificando las denuncias bajo otros delitos, lo que impide su adecuada investigación y sanción.
El análisis reveló que en el 60% de los casos documentados en Baja California, los agresores retienen a los hijos e hijas y los trasladan a otros estados, lo que complica aún más los procesos judiciales. En el 40% de los casos, los menores son llevados incluso a otros países.
A pesar de que existen seis personas detenidas por este delito, no se ha dictado ninguna sentencia. Las inconsistencias en la investigación, la falta de perspectiva de género y la ausencia de peritajes especializados han dejado a las víctimas sin justicia.
Entre las recomendaciones del informe destaca la necesidad urgente de recuperar la confianza de las víctimas en las instituciones. Muchas mujeres han sido revictimizadas al ver cómo sus denuncias eran desestimadas o reclasificadas, lo que impide documentar adecuadamente los casos de violencia de género.
También se denunció la falta de evidencia científica sólida: los dictámenes periciales carecen de enfoque de género y no consideran las consecuencias psicológicas y psiquiátricas que enfrentan tanto las madres como sus hijas e hijos. Incluso después del rescate de los menores, muchas veces no se garantiza su atención integral ni su restitución con la madre.
Este análisis no solo expone una realidad dolorosa, sino que exige una respuesta inmediata. Porque mientras la ley duerme en los archivos, las víctimas siguen esperando justicia.
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