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La Comisión de Género de la Barra de Abogadas subrayó que el análisis del entorno familiar es fundamental para definir medidas de protección adecuadas.
La Comisión de Género de la Barra de Abogadas María Sandoval Campo destacó que, en los procesos familiares, las autoridades jurisdiccionales cuentan con herramientas para emitir medidas orientadas a proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes cuando las circunstancias del caso así lo requieren.
Entre las acciones que pueden valorarse se encuentran modificaciones al régimen de convivencia, especialmente cuando existen indicios de que una persona menor de edad pudo haber estado expuesta a situaciones que afecten su bienestar.
Estas medidas buscan prevenir posibles riesgos mientras se analiza de manera integral el entorno familiar y las condiciones en las que se desarrolla la infancia involucrada.
“Si en cierta situación, una niña o niño adolescente presenció una situación de violencia, ahí hay un indicio de que la persona juzgadora puede emitir otro tipo de medidas, como es la suspensión del régimen de convivencia, porque ya tenemos elementos que estuvieron presentes o, en su caso, solicitar una convivencia supervisada, para no desvincular a la niña y el niño.
“Y poder ver si no hay una situación mayor o una evaluación completa a toda la familia o su sistema familiar, porque a veces no solamente estás peleando contra tu pareja, estás peleando contra abuelos paternos o contra las nuevas parejas de las personas agresoras”, explicó.
Asimismo, se señaló que las decisiones judiciales deben analizarse de manera individual, considerando las particularidades de cada familia y privilegiando alternativas que permitan proteger a las infancias sin romper el vínculo familiar cuando existan condiciones para ello.
La convivencia supervisada y las evaluaciones especializadas forman parte de las herramientas que pueden contribuir a garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, siempre bajo el principio de su interés superior.
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