By Tijuana, Baja California 3 de mayo de 2016.- La Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC), Melba Adriana Olvera Rodríguez, recibió la visita del Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, José Luis López Medina.
En la reunión acordaron acciones para el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos en el rubro de seguridad pública.
Asimismo, analizaron temas referentes a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, proyectos de capacitación y educación en derechos humanos, así como la preocupación porque haya mayor seguridad para las y los ciudadanos en Baja California.
En ese sentido, Olvera Rodríguez y López Medina concretaron la participación de la SSPM en el Seminario de Uso de la Fuerza Pública, organizado por la CEDHBC, en el que se abordará la importancia del respeto a los derechos humanos en el ejercicio de la labor policíaca en la Entidad con el objetivo de abonar a la construcción de un proyecto de ley para Baja California que contemple los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que armonice con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por otro lado, la Ombudsperson de Baja California informó que, en lo que va de 2016, la CEDHBC ha recibido 375 Quejas en contra de las instituciones de seguridad pública estatal y municipales, siendo la Secretaria de Seguridad Pública Estatal (SSPE) la que registra mayor número de quejas con 172, seguida por las Secretarías y Direcciones de Tijuana con 95, Ensenada con 45, Mexicali con 44, Playas de Rosarito con 14 y Tecate con 5.
La Presidenta precisó que los derechos humanos presuntamente más vulnerados de las secretarías y direcciones de seguridad pública son: Derecho a la seguridad jurídica, derecho al trato digno y derecho a la integridad y seguridad personal.
Para finalizar, Olvera Rodríguez subrayó la importancia de que autoridades policíacas actúen en cumplimiento de sus funciones, respetando y reconociendo los derechos de las y los ciudadanos, asumiendo como prioridad centrarse en todo momento en la persona y su dignidad durante el ejercicio de sus labores.
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