By Sin consultar a la ciudadanía, los diputados hacen y deshacen de las leyes lo que les conviene a ellos, no existe tal representación de la sociedad y del colectivo ciudadano. De tal forma que esta pasada semana Diputados locales de cinco estados (Sinaloa, Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas) han avanzado en la aprobación de leyes con candados para frenar las postulaciones de candidatos independientes, llamadas antibronco, luego de que en las elecciones del pasado 7 de junio seis aspirantes con esta figura obtuvieron triunfos en las urnas.
Alfonso Martínez, edil electo de Morelia; Pedro Kumamoto y Manuel Clouthier, diputados electos en Jalisco y Sinaloa, respecitvamente, anunciaron la creación de un frente común para buscar estrategias que permitan impedir la entrada en vigor de las legislaciones locales, que imponen severas restricciones a quienes se pretenden postular a un cargo de elección popular fuera de los partidos. En el grupo participarán también candidatos que no ganaron en el proceso pasado.
Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz y Sinaloa aprobaron las reformas electorales con diversas disposiciones en el tema, mientras que Puebla, última entidad en avalar las modificaciones —9 de julio—, por el momento sólo legisló en materia de financiamiento público y difusión en espacios oficiales en radio y televisión; el debate en el tema de los candados para los independientes lo realizarán las próximas semanas.
Las modificaciones se impugnarán ante el Tribunal Federal Electoral, mediante un juicio para la protección de los derechos político-electorales de un ciudadano, además de que PAN y Morena dieron a conocer que, en cuanto entren en vigor, interpondrán recursos de incostitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En las otras cuatro entidades, las restricciones se basan principalmente en que los aspirantes independientes a gobernador deberán integrar su cédula de respaldo, cuando menos con las firmas equivalentes a 3% de la lista nominal y deberán estar incluidos determinado número de municipios, según el estado respectivo.
Además, en el estado Chihuahua sólo podrán aspirar quienes no hayan participado en el proceso electoral inmediato anterior, y que hayan renunciado cuando menos tres años antes en el partido político en el que hayan militado, si es el caso.
En Sinaloa se quedó la cláusula de 2% de fiirmas, como se aprobó a nivel nacional, pero avalaron disminuir de 90 a 40 días el plazo para reunirlas.
En sendas entrevistas con Medios de Comunicación, Alfonso Martínez, Pedro Kumamoto y Manuel Clouthier coincidieron en que los partidos políticos están “aterrorizados” y los congresos locales legislan al vapor para sacar la ley antibronco —llamada así en referencia a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, quien obtuvo el triunfo como gobernador en Nuevo Léon—.
Señalaron que las reformas político-electorales en dichos estados son inconstitucionales porque transgreden los derechos humanos, atentando contra el principio pro persona y la participación ciudadana.
Afirmaron que el PRI “está orquestando a nivel nacional estas modificaciones, aprovechando los recintos legislativos donde llevan mayoría”, pero no lo hacen solos, pues el resto de los legisladores lo secundan porque “le tienen miedo a la competencia”.
Mencionaron que con los triunfos del 7 de junio, han constatado que una candidatura independiente es viable, aporta propuestas y tiene una posibilidad real de triunfo rumbo a la renovación de las gubernaturas en 12 estados el próximo año, y la sucesión presidencial de 2018.
Martínez, Clouthier y Kumamoto acusaron que los partidos toman decisiones “pensando en el siguiente proceso. El bien de la ciudadanía es lo que menos toman en cuenta. Siempre secuestran las leyes con tal de proteger sus intereses”.
Gerson Hernández, analista político, dijo que las leyes antibronco son un mecanismo de control jurídico a través del cual los partidos buscan blindarse de “políticos resentidos”.
Gustavo López aseguró que esta ley se enfoca en restringir el camino a liderazgos internos que signifiquen una amenaza a la estructura de los partidos.
El abogado electoral Gerardo Cortinas consideró que la reforma en Chihuahua “es inconstitucional porque es una ley retroactiva y además violenta los derechos políticos ciudadanos”.
El Universal
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