By ¿De parte de quien? Esa es la pregunta que todos los ciudadanos nos hacemos en Baja California. Nos sorprende la poca capacidad del Gobierno del Estado para operar en circunstancias adversas. La exigencia de los Jornaleros solicitando la presencia del Gobernador, llamó la atención. Era fuerte el reclamo de los inconformes sobre la falta de palabra del Gobernador Francisco Vega, quien hasta ahora dicen: No ha cumplido lo que prometió en campaña cuando les solicito su voto. CampestreBC.com ~ transcribe la columna del periodista y analista Salvador Garcia Soto. Serpientes y Escaleras
¿Quien quiere incendiar a la Frontera?
Esta semana los mexicanos nos sorprendimos con imágenes de saqueos, disturbios y protestas violentas que, extrañamente no ocurrían en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, ni siquiera en Chiapas; no, no era el sur marginal y olvidado en donde imperaba el caos y la inestabilidad social que se apoderaba de toda una región paralizando las actividades productivas y sembrando terror y pánico entre la población. Todo eso ocurría en el norte del país, nada menos que en Baja California y en una de las zonas agrícolas más productivas y pujantes de la República: el Valle de San Quintín.
La razón de está inestabilidad que hoy cumple ya cinco días en la región de los valles centrales de la Baja California es una protesta de los trabajadores jornaleros que laboran en los campos agrícolas de la región. Una organización local, la Alianza Nacional, Estatal y Municipal inició la protesta la madrugada del martes 17 al tomar la Autopista Transpeninsular de Ensenada, en demanda de peticiones salariales y para denunciar “explotación” de los jornaleros. Desde ese día a la fecha el paro de los trabajadores agrícolas afecta entre 2 mil 500 y 3 mil hectáreas de cultivo en la región, en la que cultivos como la fresa, en su mayoría de exportación, no se están cosechando, provocando pérdidas económicas estimadas en 1 millón 120 mil dólares diarios, por las 160 mil cajas diarias de la fruta que se está dejando de producir y vender, mayormente a Estados Unidos.
A ese daño se suma la economía de toda la región que está paralizada desde hace cinco días. Los comercios cerraron tras las oleadas de saqueos violentos del martes, los bancos no abren, las gasolineras están cerradas ante el incendio de varias, y ni siquiera las escuelas tienen clases en poblados como Maneadero, Díaz Ordáz, San Quintín, Vicente Guerrero, Las Cruces y Camalú. Es común en algunos de esos poblados observar a familias enteras de jornaleros que salen a pedir ayuda económica con botes ante los nulos ingresos que les deja ya cinco días de paro laboral en los campos. El impacto social del paro es evidente.
CAMIONES DESDE EL SUR Y NEGOCIACIONES SIN AVANCE. Hasta anoche los intentos de negociación con los líderes de la alianza que encabezan el paro habían fracasado. Una posición totalmente radicalizada de los representantes de los jornaleros, que piden un incremento de 30 pesos por caja de fresa pizcada, contra los 11 que se les pagan actualmente, además de otras prestaciones que exigen, como el pago completo de seguro social, hicieron que se rompiera el diálogo que promueve el gobierno del estado, que no ha logrado ningún avance significativo.
En contraparte a las denuncias de explotación que hace la alianza, los empresarios y agricultores de la región niegan que se paguen bajos salarios y aseguran que las condiciones salariales y laborales de los jornaleros del Valle de San Quintín son de las mejores a nivel nacional en campos agrícolas. Un trabajador, afirman los agricultores, gana en promedio entre 300 y 800 pesos diarios dependiendo de la cantidad de cajas que logren pizcar en una jornada. La razón por la que los productores se niegan a pagar 30 pesos por la caja de fresa es porque dicen que eso haría incosteables los cultivos, pues cada caja de la fruta de exportación se vende a 7 dólares (107 pesos) de los cuáles más de la mitad se va en la producción y en impuestos.
Un empresario del Valle de San Quintín, productor de fresa, decía anoche a esta columna que han detectado la presencia de personas ajenas a las familias de jornaleros que viven en la región. Reportes de inteligencia militar confirman que a puntos como el Rosario, al sur del Valle, arribaron la tarde de ayer varios camiones con personas provenientes de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Incluso, fuentes del Ejército aseguraban que se han detectado vínculos de la CETEG y de la CNTE con los líderes que encabezan las movilizaciones y el paro de los jornaleros.
El diario El Mexicano reportó ayer que a las 4:40 de la mañana se descubrió un camión procedente de Oaxaca, en el que los pasajeros confirmaron que venían del estado sureño “a apoyar el paro de los jornaleros”. La información fue confirmada por el gobernador del estado, Federico Vega, quien dijo tener reportes confirmados sobre el arribo de varios camiones con “gente proveniente del sur” y aseguró que ya reportó eso a la Secretaría de Gobernación federal.
Algo que ha llamado la atención de las autoridades estatales y de los productores y habitantes de la región es la violencia con que se realizaron las protestas y movilizaciones. A los saqueos de tiendas e incendios de establecimientos como gasolineras, siguieron tácticas casi guerrilleras de amedrentamiento a la población. La presencia de personas encapuchadas es otro de los elementos que, según reportes del Ejército, confirma la presencia de grupos de desestabilización que se han visto operar en otros estados de la República, especialmente en Guerrero, Michoacán y el Distrito Federal.
Los tres líderes visibles de la alianza, Fidel Sánchez, Bonifacio Martínez y Fermín Salazar, quienes participan en las negociaciones con el gobierno estatal, han deslindado a su movimiento de los actos vandálicos y la violencia. “Compañeros del Valle les pedimos de favor que documenten estos robos, y vandalismos, fotografíen a los agresores, tomen video y súbanlo a las redes sociales, esas personas no son parte de nuestro movimiento”, dicen en un comunicado distribuido en el Valle.
¿OTRO “PROBLEMA LOCAL”? Por lo pronto, en el quinto día de paro y protestas en las poblaciones y los campos del Valle de San Quintín, el gobierno federal ha brillado por su ausencia. Salvo la presencia del Ejército mexicano, que arribó al lugar desde la mañana del martes a petición del gobernador Vega, para frenar los saqueos y las protestas violentas, la Secretaría de Gobernación no se ha hecho presente, tampoco la Sagarpa ni la Secretaría del Trabajo a quienes compete la situación agrícola y las demandas laborales en los campos.
La noticia de los paros agrícolas en San Quintín ya rebasó la cercana frontera norte y se publicó ayer en varios diarios de California, en Estados Unidos, hacia donde es exportada casi toda la producción de fresa, tomate, pepino y otros cultivos que se producen en la región. Y los agricultores de la zona aseguran que ya tienen presiones de algunos compradores estadounidenses que reclaman la entrega de la fresa que abastece a una amplia industria alimentaria de ese país.
No está claro todavía si, en medio de las demandas legítimas de los jornaleros por mejores condiciones laborales, hay mezclados otro tipo de intereses o de movimientos que busquen utilizar estos reclamos históricos para desestabilizar a una región caracterizada por su productividad. Pero hasta ahora las posiciones y las peticiones de los líderes de la movilización se radicalizan cada vez más, al mismo tiempo que los agricultores se niegan a pagar el incremento de casi 200% que piden los jornaleros (de 11 a 30 pesos por caja de fresa) y los cultivos empiezan a perderse, mientras miles de familias, en su mayoría de indígenas oaxaqueños y guerrerenses, han perdido su única fuente de ingresos y subsistencia.
¿A quien le interesa y a quien le conviene alargar el caos y el conflicto social que se está generando en los valles centrales de Baja California? ¿Si, como afirma el gobernador y los reportes militares, hay presencia de organizaciones como la CETEG y la CNTE en Baja California, qué espera la Secretaría de Gobernación para asumir el diálogo y buscar una solución pronta al paro que no sólo afecta a los campos agrícolas, sino a la economía de toda la población? ¿No será que alguien o algunos encontraron en este conflicto social y laboral la posibilidad de demostrar que no sólo el sur es foco de inestabilidad sino que también el productivo norte, y más aún la zona fronteriza con Estados Unidos es inestable socialmente?
Esa es por lo pronto la percepción que se está generando dentro y fuera del país, mientras al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se le ve, una vez más lento y pasivo. Ojalá no vayan a salir en Los Pinos y en Bucareli otra vez con su lógica de que este “es un problema local” y “que lo arreglen en el estado”. La última vez que dijeron eso fue cuando 43 estudiantes normalistas desaparecieron en Iguala y hoy Ayotzinapa es uno de los expedientes más costosos, lamentables e indignantes de este gobierno en crisis.
Comments