By La Comisión de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Congreso del Estado, que preside el diputado Francisco Barraza Chiquete, se reunió ayer por la tarde para dar a conocer el anteproyecto de Ley General de Comunicación Social Institucional (LGCSI).
Ante la presencia de diversos medios de comunicación, Barraza Chiquete, inicialista de la propuesta, dio a conocer que el objetivo de esta ley consiste en establecer las bases generales para la asignación, contratación y transparencia del gasto público en materia de comunicación social que realicen las instituciones públicas a través de cualquier medio de comunicación.
Especificó que los sujetos obligados a observarla, serán los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los municipios y los órganos constitucionales autónomos, quienes deberán dar mayor publicidad y transparencia respecto de: los montos presupuestales destinados a este rubro; la distribución detallada de las erogaciones realizadas; los contratos celebrados mensualmente, además de los pagos realizados y el número de anuncios publicados o transmitidos en los medios de comunicación contratados.
El representante popular del Partido Estatal de Baja California mencionó que la ley impondrá prohibiciones para promover de forma particular a un servidor público, usando su nombre, imagen o voz; o para presionar y castigar a los comunicadores sociales o a los medios de comunicación por sus líneas informativas.
Barraza Chiquete informó que contempla que ningún medio de comunicación podrá: recibir más de 20 por ciento de la inversión anual en comunicación social institucional; ser adjudicatario de un porcentaje mayor al 40 por ciento de la totalidad de la pauta oficial prevista para una campaña; y recibir el 40 por ciento del presupuesto destinado a un tipo de medio de comunicación.
Dijo que la LGCSI también plantea la creación de un padrón estatal de medios de comunicación, con el propósito de que se otorguen contratos únicamente a los registrados, los cuales deberán contar con una razón social, denominación comercial y director; así como datos del catálogo y mapa de coberturas, de circulación o audiencia, periodicidad y tarifas de publicidad vigentes.
Por último, el legislador destacó que crea un Consejo Ciudadano de Comunicación Social, el cual tendrá las funciones de evaluación y seguimiento de lo que realicen las dependencias estatales en este rubro; además de la coordinación con las áreas de comunicación social de las diversas dependencias. Los puestos en el Consejo serán honoríficos y será integrado por 5 periodistas de reconocido prestigio profesional, con una duración de 3 años sin reelección.
Dicho Consejo podrá emitir recomendaciones en materia de comunicación institucional; recibir y turnar a autoridades competentes las denuncias en torno a la comunicación social institucional; además de poder recomendar mecanismos para garantizar la libertad de expresión.
Durante la junta de trabajo de la Comisión de Comunicación de la XXI Legislatura, estuvieron presentes los diputados Francisco Barraza Chiquete, presidente; Juan Manuel Molina García, secretario; y los vocales Gerardo Álvarez Hernández y Miriam Ayón Castro, así como el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alcibíades García Lizardi y el legislador José Roberto Dávalos Flores, quienes en su conjunto acordaron realizar mesas de trabajo donde sean invitados los representantes de los demás poderes y organismos autónomos, a fin de robustecer y consensar esta ley.
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