By Paraguay enfrenta uno de los momentos más complejos de su panorama político y financiero reciente. La intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay desencadenó una crisis que rápidamente trascendió al sector bancario y alcanzó al Gobierno del presidente Santiago Peña, quien presentó su renuncia este 5 de noviembre, en medio de presiones políticas y cuestionamientos sobre los vínculos de su administración con la entidad financiera.
El caso comenzó a escalar el pasado 3 de noviembre, cuando el Banco Central anunció el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo regulatorio requerido.
La medida dejó sin acceso a sus cuentas a cerca de tres millones de clientes, de acuerdo con reportes de prensa, y puso bajo revisión los recursos depositados en la institución, incluidos fondos provenientes de organismos públicos como el Instituto de Previsión Social.
La dimensión del caso adquirió relevancia nacional debido a que Ueno Bank mantenía depósitos públicos por cientos de millones de dólares. La situación también abrió cuestionamientos sobre la supervisión financiera, los vínculos empresariales de figuras políticas y la administración de recursos públicos.
Una crisis bancaria que llegó al Congreso
La presión sobre Santiago Peña aumentó después de que se conocieran sus antiguos vínculos empresariales con el grupo relacionado con la propiedad de Ueno. El mandatario había formado parte de Grupo Vázquez hasta marzo de 2025, según reportes internacionales, aunque ha rechazado las acusaciones de irregularidades.
La crisis derivó en protestas de ahorristas y llamados de la oposición para iniciar un juicio político. Este jueves, Peña anunció su renuncia mediante un mensaje público, argumentando que su decisión buscaba preservar la estabilidad nacional y las instituciones democráticas.
Sin embargo, el proceso de sucesión no está completamente resuelto: la Cámara de Diputados avanzó con el juicio político y rechazó la renuncia, por lo que la decisión institucional deberá continuar en el Senado. El vicepresidente Pedro Alliana es el sucesor constitucional previsto, con mandato hasta agosto de 2028, sujeto a la resolución del proceso.
El impacto económico y la protección de los ahorradores
Para contener las consecuencias financieras, el Banco Central activó los mecanismos previstos en el Fondo de Garantía de Depósitos, cuya cobertura legal alcanza hasta 228.3 millones de guaraníes por depositante y por entidad financiera.
El organismo también ha señalado que se trata de una situación particular de Ueno Bank y no de una condición generalizada del sistema bancario paraguayo. Este 5 de noviembre anunció el inicio de los pagos de garantía para un primer grupo de depositantes que cumpla con los requisitos establecidos.
El episodio representa un desafío para la confianza de los ahorradores y los inversionistas en un país que antes de esta crisis destacaba por su dinamismo económico, impulsado por sectores como la agricultura, la energía hidroeléctrica y las exportaciones.
La evolución del caso será determinante para conocer el alcance de sus consecuencias sobre la estabilidad institucional, la supervisión financiera y la percepción internacional de Paraguay como destino de inversión.
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