By La entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ha obstaculizado las actividades de agencias de autos y camiones, expusieron empresarios.
Según los expertos, aún no es posible cuantificar las pérdidas por el cierre de establecimientos, ni tampoco el volumen de inversión que se ha visto frenado por la carga administrativa y gastos que genera la aplicación de la llamada ley antilavado.
En caso de buscar la compra de un vehículo con efectivo, se ha vuelto una pesadilla para algunos compradores y transportistas, ya que muchos transportistas especialmente los hombre camión, realizan operaciones que les genera gran cantidad de efectivo.
En el sector automotriz, se ha sometido a las empresas a una sobrerregulación, ya que diversas disposiciones, como el IVA, el Impuesto sobre Automóviles Nuevos y tenencias locales demandan saber la identidad de los clientes y la procedencia del dinero, señaló Guillermo Prieto, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.
Desde el 2006, el sector está obligado a reportar las transacciones superiores a 100 mil pesos, con base a la Ley del ISR, la cual coexiste con la ley antilavado. Sin embargo, esta serie de disposiciones generan expedientes de 500 cuartillas, “lo cual no promueve la inversión, ni la generación de empleo”.
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