By No la tiene fácil el PRI, el rechazo a las iniciativas de Ley que el Presidente Peña Nieto, (caído en desgracia de imagen y de confianza) leyó como decálogo religioso, no tienen luz verde en ninguna de las cámaras.
Las propuestas en seguridad y justicia que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado mexicano este mes compiten contra el reloj para poder salir adelante en el actual periodo ordinario de sesiones, que concluye el próximo lunes 15 de diciembre.
A tres días de esta fecha, los senadores carecen de acuerdos sobre este plan –que plantea medidas como desaparecer las policías municipales para que los agentes de los estados asuman sus tareas–, lo que ha llevado al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) a intensificar negociaciones con la oposición.
Los líderes parlamentarios se reunieron en privado la tarde de este jueves y se prevé que se mantengan en comunicación hasta la sesión del pleno convocada para el domingo a las 17:00 horas (local).
«La coincidencia en el diagnóstico (del problema de inseguridad), la hay; la coincidencia en que tenemos que hacer algo, la hay; la coincidencia en no escatimarle al presidente de la República ningún recurso necesario para salir adelante, la hay. Simplemente no nos hemos puesto de acuerdo del todo en mecanismos, instrumentos y posibilidad de sacar adelante las reformas», dijo a medios este jueves el priista Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara alta.
Tras la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, presuntamente a manos de policías municipales de Iguala y Cocula ligados con el narcotráfico, Peña Nieto propuso este mes reformar la Constitución para que los municipios cedan sus tareas de seguridad pública a los gobiernos estatales y para permitir que el Senado disuelva ayuntamientos infiltrados por el crimen organizado, entre otras cosas.
Para el mandatario, estas acciones son necesarias para evitar otros crímenes como el de Ayotzinapa y para contrarrestar la debilidad de las autoridades locales frente a la delincuencia.
Sin embargo, estas propuestas han generado polémica entre legisladores, alcaldes y partidos políticos.
Por ejemplo, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), que reúne a ediles del Partido Acción Nacional (PAN), y la Asociación de Autoridades Locales de México (Aalmac), de presidentes municipales de izquierda, han exigido que la iniciativa del presidente se discuta con detenimiento y se declaran en contra de la desaparición de las policías municipales.
Miguel Barbosa, líder de los senadores del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló al respecto este jueves que una posibile vía para destrabar la discusión es diseñar otro modelo de mando único policial que no implique desaparecer las corporaciones de los municipios.
«Hay muchas formas de establecer un mando único. Yo creo que hay que hacer una posición híbrida, pero sí necesitamos más tiempo para poder resolverlo en conjunto», dijo a medios.
Por su parte, la bancada del PAN se ha declarado en contra de votar la iniciativa presidencial en los días que restan del periodo ordinario de sesiones. Incluso, rechaza hacerlo en un periodo extraordinario en lo que resta de diciembre o en enero, lo que obligaría a que el asunto se tocara hasta el nuevo periodo ordinario que comienza el 1 de febrero.
«De aquí al 15 (de diciembre), ninguna (reforma). Hasta febrero discutiremos las iniciativas de Peña», dijo a medios este jueves el panista Javier Corral.
El PRI necesita llegar a acuerdos con la oposición para sacar adelante este tema porque por sí solo carece de los votos suficientes para lograrlo.
Al implicar una reforma constitucional, los priistas no sólo requieren mayoría simple (la mitad más uno de los votos de los senadores presentes en la sesión), sino mayoría calificada (dos terceras partes de la votación).
Otros puntos del plan de Peña Nieto son dotar al Congreso de la Unión de facultades para expedir una ley sobre distribución de competencias en materia penal y otra con la tipificación de los delitos y sus sanciones.
El presidente ha urgido al Poder Legislativo a aprobar estos cambios para enfrentar los problemas de inseguridad que tiene el país.
Sin embargo, incluso si los senadores llegaran a acuerdos en estos días para sacar adelante el tema, todavía sería necesario que la reforma se votara en la Cámara de Diputados y, eventualmente, que fuera avalada por más de la mitad de los congresos de los estados.
CNN / Staff Campestre
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