Gustavo Ortega depredador y acaparador del agua en Valle de Guadalupe

Se ostenta como un desarrollo sustentable y presume de tener un econegocio, pero la realidad es que El Cielo Winery & Resort, pro-piedad del ex priista, Gustavo Ortega Joaquín, ni siquiera está conectado al drenaje público, ni cuentan con planta de tratamiento de aguas re-siduales, y arroja sus desechos industriales a cielo abierto, según denuncia de la Unión de Ejidos de la Zona Norte de Ensenada.

Convertido al panismo en el 2010 para seguir escalando políticamente, Gustavo Ortega Joaquín, llegó de la mano del PAN a la Cámara de Diputa-dos del Congreso de la Unión donde hizo migas interesantes con Kiko Vega, quien a la postre se convertiría en gobernador de Baja California, a donde curiosa y sorprendentemente llegó Ortega Joaquín a “sembrar” su capital en el Valle de Guadalupe. Y desde entonces se convirtió en uno de los privilegiados de la hoy famosa Ruta del Vino.

Porque no sólo contamina la naturaleza del Valle de Guadalupe y complica la vida a los lugareños con sus desperdicios del proceso de vinifica-ción, sino que desde que los políticos jubilados como Gustavo Ortega se asentaron en tierra de conquista, han monopolizado el recurso más valioso de la zona: el agua.

Los representantes de la referida Unión de Ejidos, Rafael Romo Pereida, Ismael Horta Arroyo, Graciano Sandoval, Manuel Nava Valles y Juan Antonio Orozco, presidente, secretario, tesorero, asesor jurídico y asesor técnico, recordaron que hace 30 años se firmó un acuerdo con el gobierno del estado (Ernesto Ruffo Appel a la cabeza) para que, a cambio de beneficios urbanos para los residentes del valle, se extrajeran y dotaran grandes volúmenes de agua de la cuenca local a la ciudad de Ensenada.

En un principio, el acuerdo era por cuatro años únicamente, sin embargo, nunca se cumplió lo prometido a los pobladores, y en la actualidad el agua está agotada y los habitantes de la zona tienen que comprar el recurso para poder subsistir.

Mientras los grandes empresarios instalan lagos artificiales y la industria del vino se lleva la poca agua que queda, los habitan-tes de Valle de Guadalupe tienen que comprar a 300 pesos la pipa con 200 litros de agua. Una injusticia de parte del Gobierno del Estado (entonces encabezado por Kiko Vega) y una burla de parte de la casta de po-líticos privilegiados, pero igualmente forasteros, que llegaron al valle a apropiarse de la fértil tierra y el agua.

Ese privilegio y esa protección que han obtenido del gobierno, políticos como Gustavo Ortega Joaquín (PRI-PAN), Wenceslao Martínez Santos (PAN), Fran-cisco Vega de Lamadrid (PAN), Ernesto Ruffo Appel (PAN) o el priista César Camacho (PAN), les permite crecer aceleradamente, pero sin atender el entorno natural de la Ruta del Vino.

Es curioso como Gustavo Ortega presume a su negocio El Cielo Winery & Resort como un sitio -casi- divino donde se tocan la mano la gloria y la tierra. En su mercadotecnia, aseguran que el desarrollo es to-talmente sustentable y respetuoso de la ecología, por-que, entre otras cosas, manejan energía solar en sus procesos y cuentan con bodega subterránea para aho-rrar energía.

Sin embargo, es un depredador del entorno natu-ral del valle y un abusivo empresario que se apropió del agua que, por derecho natural, por ley y tradición, corresponde a los habitantes de la zona, ya sean ejidatarios, pequeños agricultores, artesanos y simples vecinos del área.

De hecho, los pobladores y la Unión de Ejidos vi-ven esa injusta realidad y la denuncian públicamente, ante la opulencia y los privilegios de unos cuantos políticos “jubilados”.

Para los residentes rurales, la mayoría de bajos recursos eco-nómicos, no hay servicios públicos y los desechos generados por las grandes compañías vitivinícolas como la empresa El Cielo -propiedad de Gustavo Ortega Joaquín, ex alcalde de Cozumel y sobrino en segundo grado del priista Pedro Joaquín Coldwell, extitular de la Secretaría de Energía durante el sexenio de Enri-que Peña Nieto-, impactan al resto de los residentes, sin que las autoridades ambientales intervengan para sancionar a los contaminantes. La compañía que ostenta Gustavo Ortega Joaquín como la de otros políticos que se repartieron al menos 7.7 mi-llones de pesos de fondos especiales del gobierno federal para construir parte de su infraestructura vinícola, se instalaron en la Ruta del Vino sin dotar a sus edificios-industrias, un sistema de drenaje ni tampoco de una planta de tratamiento de sus aguas residuales.

Contra sus campañas de publicidad y su mercadotecnia ha-bitual, sus desechos son sacados mediante un sistema de pipas y luego son tirados en la calle, con un incremento notable en la contaminación de la zona.

De acuerdo a la opinión de los ejidatarios afectados, todo este ecocidio que se está cometiendo en el Valle de Guadalupe y el agotamiento de los mantos acuíferos de la zona tienen una explicación y que no es otra cosa que el “maridaje” o contubernio entre Gobierno del Estado y esos políticos que llegaron a la zona no solo a comprar tierra sino a comprar conciencias y programas.

AGUA PARA LOS POLITICOS-EMPRESARIOS

A CAMBIO DE NADA

Los ejidatarios de Valle de Guadalupe denunciaron la parcialidad de las autoridades de gobierno para la elaboración del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Turístico de los Va-lles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de Ensenada. De ahí parte todo.

Porque, mientras a las empresas les otorgan prácticamente todo, los aproximadamente ocho mil habitantes de la llamada “Región del Vino” carecen de sistemas de agua potable, drenaje, pavimentación, alumbrado, seguridad pública y plantas de tratamiento de aguas negras.

De muchas maneras y por diversos cami-nos, todo confluye y termina en la administra-ción de Francisco Vega de Lamadrid, pues la Unión de Ejidos acusa:

Un ejemplo de corrupción y privilegios es el caso del rancho vinícola del (ahora ex goberna-dor Francisco Vega de Lamadrid), quien ordenó la pavimentación de la calle que da entrada a su propiedad mientras los residentes de rancherías y poblados como San Antonio de las Minas, Francisco Zarco y El Porvenir viven por años con vialidades de terracería.

Y no hay que perder de vista que el “empresario vitivinícola” Gustavo Ortega Joaquín, pa-riente de una poderosa familia política de Quintana Roo, tejió una próspera relación con el ex mandatario estatal Kiko Vega, entre 2010 y 2012, cuando ambos eran diputados federales.

Por algo, Gustavo Ortega brincó de península a península hasta Baja California para “in-vertir sus millones” comprando, como comprar una botella de vino, 118 hectáreas de tierras fértiles en la -si privilegiada por la naturaleza- Ruta del Vino, que ahora es objeto de depredación y monopolización del agua, a manos de estos súbitos desarrolladores de proyectos vinícolas y turísticos.