By Según la información difundida por medios de circulación nacional como Milenio y El Universal, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, informaron sobre la presentación de una acusación formal en contra de diversos funcionarios actuales y anteriores del estado de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya.
La información se basa en reportes oficiales difundidos por autoridades estadounidenses y retomados por dichos medios.
De acuerdo con estos reportes, en la acusación también se menciona a Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”. En este último caso, se incluyen señalamientos adicionales relacionados con hechos de privación ilegal de la libertad de una fuente confidencial de la DEA y un familiar, quienes posteriormente perdieron la vida.
Según la información difundida, las autoridades estadounidenses refieren que las personas señaladas se desempeñan o se han desempeñado en distintos niveles de gobierno y corporaciones de seguridad en Sinaloa. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró Jay Clayton. “Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con organizaciones delictivas: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.
Por su parte, Terrance C. Cole indicó: “El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro. Esta acusación formal revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del grupo, facilitando así el ingreso de sustancias ilícitas a nuestro país. Nadie está por encima de la ley”.
En los documentos citados, se describen señalamientos sobre una posible red de colaboración entre actores institucionales y una organización delictiva, así como referencias a actividades relacionadas con el traslado de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. También se mencionan presuntos vínculos con una facción identificada como “los Chapitos”, asociada a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
Dentro de la misma información, se incluyen referencias a distintos niveles de participación atribuida a los señalados, así como menciones sobre el uso de recursos institucionales, intercambio de información y coordinación operativa, siempre en el marco de las acusaciones presentadas por las autoridades estadounidenses.
Las autoridades también indicaron que esta acusación forma parte de una serie de procesos iniciados desde 2023 en ese distrito judicial, en los que se ha señalado a más de 30 personas presuntamente vinculadas con estas actividades.
Finalmente, se precisó que los cargos contenidos en la acusación formal constituyen únicamente señalamientos y que todas las personas mencionadas se presumen inocentes hasta que se determine su responsabilidad conforme a derecho.
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