La empresa Yes Internacional S.A de C.V., de donde el miércoles pasado fueron rescatadas por autoridades 129 personas que eran explotadas laboralmente y sufrían abusos sexuales, según la declaración de varias mujeres, negó que en sus instalaciones se hayan cometido ilícitos de cualquier índole.
A través de un comunicado, enviado por correo electrónico y firmado por Nak Bong Rhee Choi quien se identificó como representante legal de la empresa, se niega que ningún integrante de ésta haya sido arrestado o esté a disposición de las autoridades. No mencionó sobre la estancia ilegal de 4 de ellos.
«Cabe precisar que hasta este momento no existe ninguna persona detenida por ningún hecho delictivo, que se hubiera cometido en el interior de nuestra empresa. Debiendo precisar que a todo el personal que labora en nuestra empresa se le brinda y se le respeta todos sus derechos laborales», señala el comunicado.
La empresa indicó que de comprobarse que en sus instalaciones se han cometido irregularidades, cooperarán con las autoridades para el esclarecimiento de éstas; además, insistió en que todos sus trabajadores están laborando y lo hacen con todas las prestaciones.
«Todas las personas que conforman la plantilla laboral de nuestra empresa se encuentran laborando con normalidad y de acuerdo al marco legal aplicable», indica el comunicado.
Yes Internacional consideró que los medios de comunicación han sido tendenciosos y amarillistas con el tratamiento de la información difundida por las autoridades y aseguró que todos los señalamientos son falsos.
El jueves pasado, Ardelio Vargas Fosado, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) informó que junto con la Secretaría del Trabajo del gobierno federal, la Fiscalía de Jalisco y la policía de Zapopan se realizó una visita de verificación y control migratorio a la empresa ubicada en el 7490 de la avenida Mariano Otero, en la ex villa maicera y se detectaron diversas irregularidades.
Indicó que cuatro personas de origen coreano e identificadas por los trabajadores como los encargados de la empresa, no lograron acreditar su estancia legal en el país, por lo que están a disposición del INM.
«En su declaración ministerial ante la Fiscalía General del estado, las personas que laboraban en la empresa señalaron haber sido victimas de abusos físicos y sexuales, así como amenazas, daños sicológicos y jornadas laborales extenuantes», indicó Vargas en esa ocasión.
Staff Campestre /’El Universal
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