By Increíble como parece, en Michoacán lo que parecía un albergue en realidad era un centro clandestino de detención. La PGR a destiempo, pese a las varias denuncias por fin intervino.
En una operación conjunta entre los gobiernos federal y de Michoacán fueron rescatadas casi 600 personas, entre ellas 462 menores de edad, que estaban privadas de la libertad en la casa-hogar La Gran Familia, ubicada en Zamora, en la que las víctimas eran objeto de abusos sexuales y sicológicos, recibían maltratos, vivían entre plagas y se les alimentaba con comida en estado de descomposición.
La incursión ocurre casi cuatro años después de que un diario nacional, en su edición del 1 de agosto de 2010, dio a conocer que el lugar era en realidad un centro de detención, en el que la directora y fundadora, Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, conocida como ‘Mamá Rosa’ o ‘La Jefa’, se negaba a entregar a los menores a sus padres, varios de los cuales denunciaron el secuestro de sus hijos y los maltratos que recibían, sin que las autoridades actuaran contra ese lugar que funciona desde 1947.
Verduzco Verduzco fue detenida ayer, junto con otros ocho empleados, por el delito de privación ilegal de la libertad y los que resulten, por lo que son interrogados en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO).
En su momento, la mujer declaró a este diario que los menores eran dejados por voluntad de sus padres, que con los años hasta los abandonaban, pero rechazó que se ejerciera maltrato hacia los menores y dijo que les daba alojo, alimento, servicios médicos y educación. La realidad es distinta.
Las denuncias
Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), y Salvador Jara, gobernador del estado de Michoacán, en conferencia de prensa dieron a conocer el resultado de la operación que se realizó ayer con apoyo del Ejército y de la Policía Federal, para intervenir este albergue que operaba como internado, en el que se mantenía cautivos a 596 personas, desde bebés hasta adultos de 40 años de edad.
El procurador detalló que derivado de cinco denuncias por el secuestro de menores que estaban en ese lugar, se realizaron diversas investigaciones y se tomó la declaración de testigos que refirieron que Verduzco y sus empleados impedían a los menores y adultos internados salir de las instalaciones.
Con los indicios que se recabaron se obtuvo la orden de cateo para realizar el operativo, que el gobernador Jara agradeció, ya que encontró que las denuncias tenían más de un año en la entidad pero no se había procedido. El mandatario se dijo sorprendido por las deplorables condiciones en las que vivían las personas.
Rodrigo Archundia, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO, detalló que en total había 596 personas en el sitio: 278 menores varones, 174 menores mujeres, seis bebés, así como 138 adultos cuyas edades oscilan entre los 18 y los 40 años.
Años de cautiverio
Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detalló que a partir de testigos se logró establecer que en La Gran Familia había abusos físicos y sicológicos, así como de índole sexual; se obligaba a los infantes a pedir limosna y a todos se les mantenía con comida en mal estado, además de que se les obligaba a dormir en el suelo, entre plagas, por lo que ayer tras la incursión fue necesario fumigar las instalaciones.
Las autoridades revelaron que ayer por la mañana, cuando se realizó el operativo, las personas estaban comiendo alimentos en estado de descomposición, confirmándose así las malas condiciones en que se mantenía a los menores y adultos, que presentan un cuadro de desnutrición.
Las autoridades revelaron que los menores que nacían en el lugar eran registrados como hijos de la fundadora, y tampoco se les permitía salir al exterior. Una joven que declaró ante la PGR reveló que quiso salir del lugar al cumplir 18 años, pero estuvo privada de su libertad 13 años más y le quitaron a las dos hijas que procreó.
A partir del operativo, en la PGR declara también 10 padres de familia en calidad de testigos, a quienes se les permitía ver a sus hijos sólo cada cuatro meses, bajo estrictas medidas de vigilancia para impedir que las víctimas revelaran los maltratos de que eran objeto.
Murillo Karam detalló que se profundizará en las investigaciones y se revisará caso por caso. En tanto, las víctimas ya son atendidas por especialistas y personal del DIF.
El Universal / Especiales
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