By La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que la implementación de una CURP biométrica implique la sustitución del padrón electoral o de la lista nominal, instrumentos que permanecen bajo la jurisdicción del Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que no existe ninguna disposición legal ni constitucional que permita al Gobierno Federal acceder o utilizar el padrón electoral con fines distintos a los que establece la ley. “El Instituto Nacional Electoral es autónomo y tiene sus instrumentos”, enfatizó.
Sheinbaum explicó que la reciente reforma legal no representa una invasión de competencias del INE, sino que formaliza un mecanismo de colaboración voluntaria y limitada en casos específicos, como investigaciones relacionadas con hechos delictivos.
En estos escenarios, las autoridades podrían solicitar información de manera puntual y con sustento jurídico, pero no de forma generalizada ni obligatoria.
“No hay nada que tenga que ver con que se va a sustituir la lista nominal o el padrón electoral (…) lo que hay es una coordinación, una colaboración para la seguridad y la procuración de justicia en nuestro país, que ya existía y que ahora se va a solicitar a través de la ley”, detalló.
La aclaración de la presidenta ocurre tras las declaraciones de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, quien señaló que no existe ninguna solicitud formal del Ejecutivo para acceder al padrón o a la lista nominal. Taddei reiteró que, en caso de que una petición llegara, la decisión recaería en el Consejo General del Instituto, compuesto por once consejeros.
El tema ha generado inquietudes en diversos sectores por posibles riesgos en el manejo de datos personales y la autonomía de los órganos electorales. Sin embargo, ambas funcionarias coincidieron en que no hay una intención de vulnerar dicha autonomía ni de transferir competencias.
La CURP biométrica forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno Federal para modernizar los sistemas de identificación ciudadana y facilitar procesos vinculados a la seguridad pública.
Según Sheinbaum, su uso será estrictamente voluntario y bajo principios de legalidad, proporcionalidad y protección de datos.
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