By Por: Wendy Plascencia Robledo, Maestra en Análisis Político
En un territorio donde lo público y lo privado conviven a diario, comprender la política dejó de ser un ejercicio de observación: se ha vuelto una herramienta de estrategia.
Quienes hemos trabajado en ambos lados del tablero, en la gestión pública y en el acompañamiento empresarial, sabemos que las decisiones que definen a una región no se toman sólo en los congresos o los consejos empresariales, sino en los espacios intermedios, donde se cruzan la información, la influencia y la voluntad de anticiparse.
Desde hace algunos años, distintas cámaras y organismos empresariales en Baja California han abierto su agenda a temas de regulación, tratados internacionales y política pública. Es un avance necesario, pero todavía insuficiente. A menudo, los debates sobre el futuro económico de la frontera llegan de manera fragmentada o tardía, y se abordan desde lo técnico, sin atender el fondo político que los origina.
En el mejor de los casos, la región reacciona; pocas veces se adelanta. Un ejemplo reciente fue la lentitud en adaptar regulaciones aduaneras que impactaron la exportación de manufacturas en 2023, lo que generó pérdidas en algunos sectores frente a otras regiones fronterizas de México y Estados Unidos que implementaron estrategias anticipadas.
De acuerdo con datos del Gobierno del Estado de Baja California, el sector manufacturero representa más del 36% del PIB estatal y genera cerca de 290 mil empleos. A la par, inversiones como la de EssilorLuxottica por 172 millones de dólares en Tijuana, o la construcción del Alliuz Alamar Industrial Park, confirman el vigor del sector. Pero el crecimiento económico sin lectura política tiene límites: la prosperidad no se sostiene si no se comprende el poder que la regula.
Comparando con regiones fronterizas como San Diego o la zona de Detroit, que integran equipos de análisis político-empresarial para anticipar cambios regulatorios y comerciales, Baja California tiene la oportunidad de consolidar prácticas similares que transformen la gobernanza económica local. Ahí radica uno de los grandes desafíos para la región.
En Baja California existe una carencia de especialistas capaces de traducir las dinámicas políticas en decisiones estratégicas para la empresa. No se trata de invitar exfuncionarios a una charla esporádica, sino de construir una relación constante entre el pensamiento político y la acción empresarial. Esa interlocución debe institucionalizarse; debe formar parte de la estructura con la que se toman decisiones en cámaras, consejos y organismos.
La política, entendida como inteligencia colectiva, es el punto donde convergen los intereses públicos y privados con una misma finalidad: prever, coordinar y construir.
En un entorno global donde la regulación cambia con la misma velocidad que los mercados, comprender la lógica del poder es tan importante como entender la de la producción. La empresa que no lee el contexto político está, en realidad, operando a ciegas.
Por eso, Tijuana necesita consolidar una nueva cultura de análisis: una que trascienda la coyuntura y forme parte del ADN institucional del sector productivo.
Hablar de política en los espacios empresariales no debe generar incomodidad, sino ofrecer claridad. La política no es ideología ni discurso partidista: es estructura, marco regulatorio y capacidad de negociación. Y en esa materia, la frontera tiene todo para convertirse en referente nacional si logra construir un ecosistema de inteligencia compartida.
De cara a 2026, el reto será pasar de la información dispersa a la estrategia común.
Las empresas que comprendan el papel de la política en su propio desarrollo serán las que logren anticiparse al cambio regulatorio y adaptarse a las nuevas reglas del comercio internacional. Y los gobiernos que integren la visión de especialistas con experiencia técnica y sentido político podrán impulsar políticas públicas más coherentes con la realidad económica de la región.
La frontera ya no puede limitarse a producir bienes: debe producir pensamiento estratégico.
Porque el desarrollo no sólo se mide en inversión o empleo, sino en la capacidad de una comunidad para entender su entorno y actuar en consecuencia.
Y en ese sentido, entender el poder es también una forma de ejercerlo.
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