By Acataré el fallo de la SCJN: gobernador Jaime Bonilla.
Con una actitud serena, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, reiteró que acatará el fallo de la Suprema Corte de Justicia res- pecto a la controversia constitucional sobre el Decreto de la anterior Legislatura local, para ampliar de 2 a 5 años el período gubernamental, que finalmente quedó en dos años.
Su posicionamiento, puntualizó, es el mismo que man-tuvo desde antes de asumir la gubernatura el 1 de noviembre de 2019, para suceder en el cargo al panista Francisco Arturo Vega de Lamadrid, contra quien la actual admi-nistración ha fincado ya varias denuncias por desvío de re-cursos por más de 32 mil millones de pesos.
El mandatario estatal no disimuló su desacuerdo por-que considera que la Suprema Corte no llegó al fondo del asunto, pero enfatizó que la decisión dada por los minis-tros de la SCJN, en sesión virtual, no alterará para nada su ritmo de trabajo para cumplir sus 100 compromisos del Plan de Gobierno.
Considera que los señalamientos de los ministros por supuesto “fraude” legislativo es en contra de integrantes de la anterior Legislatura de Baja California, que era mayo-ría panista, “…y tendrían que ser los ex diputados quie-nes respondan lo que en su defensa corresponda…”. “Dijeron los ministros que se violó la Constitución, pero no supieron decir en cuál artículo”, acotó.
En cuanto a su desempeño como gobernante de Baja California, precisó: “En los primeros seis meses, ya llevo cumplidos sesenta de mis 100 compromisos; no he descansado un so-lo día desde que asumí el cargo y no lo voy a hacer porque va-mos a redoblar el paso para cumplirle a los bajacalifornianos, sobre todo a los que estuvieron engañados y fraudados durante 30 años por los gobiernos panistas”. “Para mí, enterarme de la resolución del máximo tribunal de justicia en México, no es un éxito ni un fracaso, sino que la recibo como una resolución que ayuda a aclarar el panorama para trabajar con el doble de ánimo y el horizonte cierto de conducir la administración pública del gobierno del Estado de Baja Ca-lifornia hasta el 31 de octubre de 2021”, expresó el gobernador Bonilla Valdez.
Se sinceró el propio Jefe del Ejecutivo estatal, el primero ori-ginario de Tijuana, al decir que es su mayor orgullo ejercer la más alta responsabilidad en el servicio público y “ser gobernador de mi estado, y con ese compromiso asumo la responsabilidad para atender los problemas de todos los bajacalifornianos hasta el último día de mi gestión”.
En tono pausado, actitud tranquila, el gobernador Bonilla Valdez hace un llamado a los bajacalifornianos, a los medios de comunicación y a las instituciones públicas y privadas, “…a darle vuelta a la página y dar por concluido el asunto. Debemos concentrarnos en lo importante, esto es: en resolver los problemas que aquejan a los bajacalifornianos y mexicanos en general…”. El gobernador Bonilla Valdez fue enfático al señalar que “hemos demostrado ya que estamos haciendo un Gobierno muy diferente, cumpliendo a la gente lo que le prometimos y atendiendo las deman-das más sentidas; ¿cuándo habían visto, por ejemplo, que catearan una casa de un ex gobernador, como ahora lo hizo la Fiscalía General del Estado?
Como se recordará, las autoridades estatales han interpuesto de-nuncias formales contra el ex gobernador panista Francisco Arturo “Kiko” Vega de Lamadrid, sus dos ex titulares de Planeación y Finan-zas (Antonio Valladolid y Bladimiro Hernández), por desviaciones de millonarias cantidades al amparo de facturas apócrifas y empresas “fantasmas”; en tanto que, también hay acusaciones contra la ex prime-ra dama, la señora Brenda Ruacho de Vega, por manejo indebido de recursos del DIF estatal, en perjuicio de la niñez bajacaliforniana.
CONTEXTO DE LA CONTROVERSIA
La discusión sobre la mejor manera de adecuar la Constitución del Estado de Baja California a lo dispuesto por la Constitución Federal, consistente en la obligación de todas las entidades federativas para homo-logar sus calendarios electorales al federal, data de 2014. Es decir, la discusión atravesó por más de cinco años y tres legislaturas estatales.
En esa posibilidad y bajo la libertad y autonomía de las que gozan los legisladores, el anterior Congreso local resolvió modificar el periodo antes de que el hoy gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez entrara en funciones.
La modificación al artículo transitorio (Decreto 351), como cual-quier otro acto de la Legislatura, puede ser recurrido ante la Suprema Corte. Ello es importante para la salud de la democracia y de la República mexicana porque quiere decir que las instituciones funcionan y que en el país existe un verdadero Estado de Derecho.
CRONOLOGÍA
Desde finales de enero de 2019, específicamente en la etapa de precampaña, el hoy mandatario estatal en su calidad ciudadana, inició ante los tribunales electorales una serie de impugnaciones en contra de lo que consideró fueron actos de aplicación concreta del artículo Octavo Transitorio del Decreto 112, relativo a la reducción del periodo de gestión de seis a dos años.
Sin embargo, la Sala Superior revocó en dos ocasiones las resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, so pretexto de haber presentado las demandas de manera inoportuna, es decir, que no era el momento procesal oportuno porque las actuaciones controvertidas no constituían un acto de aplicación que afectara el derecho político-electoral de desempeñar el cargo de con-formidad con el artículo 44 de la propia Constitución local (por un lapso de 6 años).
Ante la falta de una decisión de fondo, como Gobernador Electo, ya existía una vulneración real, directa y concreta por lo que acudió al tribunal estatal electoral. Sin embargo, dada la interposición de diversas acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional, tomó la decisión responsable de desistirse del juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral y así abrir paso a la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máxima autoridad jurisdiccional en casos como el que nos ocupa.
La decisión final sobre la reforma de la XXII Legislatura del Estado, la tuvo el Máximo Tribunal Constitucional del país y ca-beza del Poder Judicial de la Federación, como una institución que resuelve una controversia que no solo estuvo presente en el proceso electoral, sino que, como he venido sosteniendo a lo largo de varios meses, tiene su origen en la reforma político-electoral de la Constitución Federal aprobada en 2014.
Ese es el valor de la decisión: conocer de manera cierta si la homologación del calendario electoral de la entidad se lleva a cabo en 2021 o 2024. “Visto con serenidad, el pronunciamiento de la Corte, no es que la reforma esté mal (de fondo), sino que lo cuestionable es la oportunidad del momento en que se llevó a cabo y que no se llegó al fondo”, comentó finalmente el gobernante bajacaliforniano.
Comments