By De acuerdo con un estudio realizado por Transparencia Mexicana (TM), sólo siete gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal hacen pública su declaración patrimonial.
Mientras que en 2013 al menos nueve mandatarios estatales difundían sus declaraciones de bienes, sólo tres de ellos lo hacían en los respectivos portales de transparencia de sus gobiernos.
Para 2014 sólo los gobernadores de Baja California Sur, Colima, Morelos, Puebla, Sinaloa y Tabasco difundían estos datos en sus portales de transparencia, indica el análisis.
El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, presentaron en enero sus declaraciones.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, consideró que es una “pequeña minoría” de gobernadores la que acepta abrirse al escrutinio público.
“Es todavía una pequeña minoría la de los ejecutivos que hacen pública su declaración patrimonial en cualquier formato, y creo que la crisis de confianza en la clase política que estamos viviendo haría indispensable que muchos más ejecutivos avanzaran en este tema”, expuso Bohórquez.
Comentó que el hecho de que se mantenga el número de gobernadores que dan a conocer sus propiedades sólo refleja que ven muy lejos de ellos problemas como el de las casas del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Hacienda Luis Videgaray.
“Han visto pasar la discusión nacional, por ejemplo, alrededor de la casa del Presidente de la República, la del secretario de Hacienda, han visto cómo la propia Presidencia de la República ha lanzado programas, [pero] parece que no le atañe a la clase política local y yo creo que la sociedad ha sido muy permisiva con sus gobernadores”, afirmó el director de Transparencia Mexicana.
“La parte más delicada de este hallazgo es que la clase política no ha entendido el tamaño de la desconfianza social y cómo va a tener que hacer mucho más en términos de apertura, no sólo en el tema patrimonial, sino en otros temas, para restaurar un poco los niveles de confianza, o más bien tratar de corregir la desconfianza”, abundó el director ejecutivo de esta organización.
Para Bohórquez “no se ha vuelto una práctica generalizada ni un asunto que legalmente se haya quedado asentado en todo el territorio nacional, no. Sigue siendo un asunto prácticamente de naturaleza voluntaria, hay sus excepciones, pero sigue siendo de naturaleza voluntaria y depende mucho el formato y la periodicidad con la que se publica esta información de lo que decida el ejecutivo estatal”.
En entrevista, el experto en transparencia agregó que no existe un formato único para la presentación de las declaraciones patrimoniales.
“Esta situación se presta a interpretaciones muy libres de qué es publicar la declaración patrimonial y lamentablemente hay ejercicios en los que en lugar de generar más confianza de los ciudadanos en la clase política al publicar la declaración patrimonial, por la manera en que llenaron los ejecutivos esta información se tiene la sensación de mayor desconfianza”, anotó Bohórquez.
De acuerdo con el especialista, es necesario que los candidatos se comprometan a divulgar esta información, porque una vez en los cargos no lo llevan a cabo.
“En el momento en que un político está dispuesto a abrirse al escrutinio público es en la etapa de las campañas, después es muy difícil cuando ya es gobernador que esté dispuesto a la apertura, salvo que lo instruya la ley, y como la ley no lo instruye, tiene una salida perfecta para no hacerlo”, sostuvo el experto de TM.
Falta apertura
En marzo de 2013 El Universal realizó el ejercicio de revisar qué titulares del Poder Ejecutivo estatal accedieron a hacer públicas sus pertenencias.
En países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú la declaración patrimonial de los titulares del Poder Ejecutivo es una obligación, como también lo es en México.
Chile dio un paso más porque sus funcionarios deben divulgar esos datos públicamente, y en opinión de Transparencia Mexicana hacia allá debería caminar nuestro país.
Aquí, el presidente Enrique Peña Nieto y la mayoría de los integrantes de su gabinete han hecho versiones públicas de sus propiedades.
En 2013, este diario recogió casos de diversos gobernadores, entre ellos Miguel Márquez, de Guanajuato, quien hizo pública su declaración patrimonial, pero sin revelar el monto de sus propiedades por cuestiones de “seguridad” y por la volatilidad de los precios.
El reporte elaborado por Transparencia Mexicana en 2013 explicaba que existía información o menciones en medios de comunicación, en boletines de prensa u otro documento electrónico disponible en internet de 16 gobernadores, correspondiente al ejercicio fiscal de 2011.
El Universal
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