By Por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, podrían ser enjuiciados algunos propietarios o accionistas de empresas y/o yonkeros de origen bajacaliforniano que operan en la Unión Americana.
Se han detectado operaciones que se presumen son fraudulentas, y que se realizan a través de tarjetas expedidas de buena fe a empresas mexicanas por State Board of Equalization para adquirir vehículos que deben importarse a México.
Un ex funcionario federal de la Unión Americana reveló que se presume la existencia de una red delincuencial que se hacen pasar por vendedores de autos serios y que están operando de manera irregular.
El exfuncionario federal de los Estados Unidos, que pidió el anonimato para no entorpecer una posible investigación, comentó que las anomalías consisten en la alteración de millaje de los vehículos y compras fraudulentas.
Con tarjetas expedidas por el State Board of Equialization solo se deben comprar autos exclusivamente para su exportación a México, transacción que se efectúa a través de empresas tijuanenses y mexicalenses.
Sin embargo, vendedoras de autos usados, supuestamente establecidas de manera formal en la entidad, venden los vehículos ilegalmente dentro de los Estados Unidos y alteran el millaje de los vehículos una vez ya han sido importados a México.
El exfuncionario estadounidense, afirmó que se trata de un tema sumamente delicado y de gran interés, que puede ser la punta del iceberg de muchas empresas dedicadas por años al ramo de la “venta de autos usados”.
El hecho de que una empresa mexicana y en su caso que un ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos, accionista de dicha empresa este colaborando, efectuando, directa o indirectamente en estas actividades, son un fraude comercial, explicó.
De igual manera, sostuvo que si dicha empresa o persona física accionista deposita ese dinero ilícito producto de la venta de un vehículo vendido de una manera engañosa o fraudulenta en cuentas de bancos de los EUA podría estar cometiendo el delito de lavado de dinero.
Como resultado de estas prácticas fraudulentas, en caso de que se realicen la investigación, los responsables podrían alcanzar un castigo que se estima en los 10 años de cárcel.
De ahí que el experto en temas fiscales, dijo que sería prudente que autoridades mexicanas realizaran una investigación, para conocer el tipo de operaciones que realizan las empresas mexicanas.
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