By Ninguna ley puede cambiar que los seres vivos requieran del agua para poder existir, no es exageración el llamarle “el líquido vital”, incluso no solo es útil para el sano funcionamiento de nuestro organismo incluso lo es para facilitar ciertas tareas como las sanitarias. Por tanto es esencial que todo ser humano cuente con este líquido lo genera la obligación del gobierno para crear las condiciones que cumpla este fin, aunque actualmente hay 9 millones de mexicanos sin acceso.
Justo por lo anterior, es que se ha propuesto incorporar mecanismos de coordinación, concertación y de intensa participación social (hasta aquí dan ganas de aplaudir) y privada. Es decir, aceptar que empresas lucren solo para garantizar el cumplimiento del derecho humano al agua, el cual que entro en vigor en febrero del 2012 mediante reformas constitucionales.
Después de una por demás controversial reforma energética nos encontramos con esta iniciativa que por involucrar al sector privado es necesaria una lupa para evaluar su posible (o no) beneficio. No exagero con lo anterior, y es que las empresas por si mismas buscan utilidades antes de cualquier acción altruista.
Distintas figuras públicas, organismos e instituciones educativas han hecho escuchar su voz en contra de tal ley.
– Privatización: Como lo ha declarado el diputado Kamel Athie (presidente de la comisión de agua potable y saneamiento) no se modificará el artículo 27 constitucional, pero aun y con ello hay muestras obvias de intención de privatizar. En la exposición de motivos se señala que habrá de garantizar la extensa participación del sector privado en el agua, en el artículo 116 abre la posibilidad de que empresas puedan hacerse cargo de los trasvases (estas son obras hidráulicas que tienen el fin de aumentar la disponibilidad de agua) y en el artículo 129 se señala que habrá promoción, fomento y participación de los particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Mientras existan artículos como los que menciono no podrá negarse el intento de privatización.
– Sustentabilidad ecológica: La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) a través de su vicepresidente se mostraron en contra señalando que no solo promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social sino que de igual forma acepta el desplazamiento de personas y la muerte de los ríos, amplia los márgenes para poder contaminar el agua, así como restringe, condiciona y sanciona los estudios, la investigación científica y el monitoreo de cuerpos de agua.
– Irregularidades: Dentro de la ley e condiciona el derecho al agua en asentamientos humanos legalmente establecidos. De igual forma en artículo 9, 29, 82 de se le busca otorgar al agua un valor económico, así como en el último artículo mencionado dentro de su apartado “C” se señala que la CONAGUA deberá asegurar el pago de los usuarios quienes deberán contribuir por la explotación, el uso, el aprovechamiento de las aguas nacionales y pagar las tarifas por la prestación de servicios relacionados.
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El que se busque involucrar a la iniciativa privada en un país como el nuestro mundialmente conocido por su corrupción da un mal sabor de boca, es innecesaria su participación cuando el sector publico podría hacerse cargo satisfaciendo el derecho humano al agua y además reduciendo el costo que tendríamos los usuarios por su uso ya que a diferencia de las empreseas el gobierno no deberá buscar utilidades.
Considero que urgen debates públicos sin ningún sesgo donde se pueda plantear las distintas posiciones al respecto y si es necesario que la misma ciudadanía decida si desea que esta iniciativa se implemente.
El capitalismo estaría llegando demasiado lejos cuando hasta el agua, esencial para la vida, se plantea como mera mercancía.
Por Gerardo Salas.
@gsalas_
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