By México ocupa el segundo lugar en América Latina en casos de violación a los derechos humanos y delitos cometidos en agravio de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti y Transgénero (LGBTTT), según un informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Si bien la población LGBTTT ha incrementado su visibilidad en México, dice el documento, la realidad es que enfrenta serias violaciones a sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, donde la intolerancia se presenta como un estigma.
Tan sólo de 1995 al 2006 se presentaron 420 homicidios por homofobia, de acuerdo con el Informe Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos Cometidos por Homofobia, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el año 2010, y que es el más reciente sobre la materia.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados advierte que entre las observaciones emitidas por la ONU, está la de que México cuenta con una legislación en el ámbito local que penaliza la homosexualidad indirectamente, a través de figuras tales como faltas a la moral, atentados al pudor o exhibiciones obscenas, que dan pie a ciertos abusos por parte de algunos miembros de cuerpos de seguridad.
De igual manera, este informe sostiene que según datos de la “Encuesta nacional de valores ciudadanos y cultura de la democracia en México”, la gran mayoría de las personas no estaría dispuesta a vivir con un homosexual en la misma casa, por temor a perder amigos, familia, trabajo o vivienda, o por miedo a la exclusión que mantiene en silencio a la gran mayoría de las personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual.
Por ello, la integrante de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, Roxana Luna Porquillo, manifestó que ante este panorama es necesario reformar el artículo 1 de la Constitución Política, con el propósito de prohibir toda discriminación motivada por la orientación sexual, la identidad o expresión de género.
Subrayó que con esta modificación se lograría reafirmar en nuestra Carta Magna el principio de no discriminación, el cual exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, armonizándola con los estándares internacionales en materia de derechos humanos más avanzados, tal y como lo mandata la reforma constitucional del 2011.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen, establece que la discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género es “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia de una persona por estos motivos, que tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de la igualdad, de los derechos y libertades”.
Diario Crónica
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