El interés político de las autoridades por cerrar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha deteriorado la relación de padres de familia con el gobierno federal, dijo el abogado Vidulfo Rosales.
«Es una relación que empezó bien, pero que con el transcurso de los días se ha ido deteriorando, porque el gobierno tiene una necesidad basada en un interés político de cerrar el caso, de darle carpetazo al asunto», expresó en entrevista telefónica.
El abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan afirmó que cerrar el caso «es una manera de contener esta avalancha de movilizaciones; para nosotros hay esperanza de que la movilización siga y vamos a seguir buscando».
Rosales explicó que hay dos posturas en el caso: una, el carpetazo que quieren darle las autoridades y otra, el de los padres de familia que siguen sin encontrar a sus hijos.
«Ellos (los padres) con toda razón exigen la presentación con vida, exigen la investigación, la búsqueda, creo que esas dos polarizaciones, esas dos visiones encontradas han hecho que el diálogo se vaya deteriorando, que se vaya rompiendo y que se vayan asumiendo posturas claves, mucho más fuertes y de una polarización que creo que a nadie nos conviene», dijo.
Este viernes se cumplen 91 días desde aquel 26 de septiembre cuando policías municipales de Cocula e Iguala atacaron a normalistas de Ayotzinapa y que, según las investigaciones de la PGR, los entregaron a criminales de Guerreros Unidos.
Tres delincuentes detenidos afirmaron que recibieron un numeroso grupo de personas a quienes mataron y calcinaron en un basurero de Cocula; horas después recogieron los restos, los metieron en bolsas de plástico, los fracturaron y arrojaron al río San Juan.
El 6 de diciembre, peritos argentinos confirmaron a los familiares de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos, que algunos de los restos hallados en el basurero de Cocula corresponden al estudiante.
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