By Con 370 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular los artículos no reservados del dictamen que expide la Ley de la Fiscalía General de la República.
El documento establece la transformación de PGR en la Fiscalía General de la República (FGR), órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con nuevas facultades y obligaciones en materia anticorrupción y electoral.
La nueva legislación que regulará a la Fiscalía General de la República está compuesta de 46 artículos.
El documento reforma, además, otros 72 ordenamientos legales y abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Esta nueva instancia será la encargada de la organización del Ministerio Público, que será un órgano constitucional autónomo, a cargo de un fiscal general, lo cual busca garantizar independencia y objetividad en las actividades que realice respecto de la investigación y persecución de los delitos.
La Fiscalía estará integrada por dos fiscalías especializadas: en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General.
Al fundamentar el dictamen, el diputado priista Ricardo Fidel Pacheco destacó que entre las modificaciones más importantes se encuentra que, sin demérito de conservar las facultades para interponer los recursos que tengan que ver con la revisión de constitucionalidad en las materias procesal penal, la Fiscalía General de la República no tendrá la representación formal del Estado, que pasa a la Consejería Jurídica del Gobierno de la República.
Indicó que se propone vigorizar y fortalecer tres aspectos fundamentales del sistema de procuración de justicia federal:
-La función del Ministerio Público de la Federación, que es la de investigar y perseguir los delitos a través del ejercicio de la acción penal en representación de la sociedad.
-Al dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía General de la República, se busca que ejerza sus funciones de manera más eficiente al no estar subordinada a otro poder u órgano.
-Se robustecerá el papel del Ministerio Público de la Federación como representante de la sociedad y garante de la constitucionalidad de las normas generales en materia penal y procesal penal.
Adicionalmente, señaló el legislador priista, se pretende que el Ministerio Público «deje de ser percibido únicamente como un operador estrictamente jurídico, y visualizarlo como un agente que cumple con una función social relevante, que es la de ejercer la acción penal en representación de la sociedad, brindar apoyo y asistencia a las víctimas de los delitos, a fin de garantizar su acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos y, en general, hacer cumplir la ley».
La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados el pasado 23 de septiembre.
El nuevo ente propuesto responde a lo planteado por la Reforma Político Electoral, promulgada en febrero de 2014, para transformar a la Procuraduría General de la República -que está adscrita al Poder Ejecutivo- en una Fiscalía constitucional autónoma.
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