By Muy al norte, lejos de Centroamérica, hay una ciudad llamada Mexicali. En días como hoy, el sol rostiza la piel y el viento cae como vapor que sale del horno. Los letreros que cuelgan de los negocios que instalan freezers presumen que la temperatura alcanzó los 56 grados centígrados.
Pero pocos en Honduras o El Salvador sabrían de este sitio apartado, de no ser porque es la última parada del tren carguero de la empresa Ferromex, que corre a lo largo del Pacífico norte. Aunque lo más relevante es que Mexicali es frontera con Estados Unidos.
Otra atractivo que crece en medio del desierto es que tiene una de las dos rutas ferroviarias para llegar al norte de México. Y hasta hace meses, Mexicali se caracterizaba por ser una de las ciudades más seguras para la migración.
El panorama ha cambiado y ahora han comenzado a llamarla “la Arizona de los centroamericanos”, y al delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), el “Joe Arpaio mexicano”; lo acusan de provocar terror entre indocumentados, que ahora viven encerrados en pequeños albergues sudando ante los 50 grados en el ambiente.
Las redadas contra centroamericanos se han realizado en el tren carguero conocido como ‘El Diablo’, y afuera de albergues, que desde hace más de cuatro décadas recibían a niños y adultos; ahí se refugiaban del calor, les curaban los pies quemados —tras recorrer 3 mil 645 kilómetros— y brindaban un vaso de agua.
Contra centroamericanos
Santos fue amputado de su brazo derecho; pero sin consentimiento, dice. Le arrancó primero la piel, después los músculos y luego le partió el hueso. Se lo hizo uno al que le llaman ‘El Diablo’, ese tren que parte del Estado de México y llega a Mexicali.
Indignado, cuenta que fue sin su consentimiento porque él no necesitaba una amputación, pero lo agarró desprevenido “el muy perro”, dormía cerca de los rieles y habían pasado días desde que había salido de El Porvenir, en Guatemala.
“Venía dormido y cuando me di cuenta, ya estaba en el piso sin mi brazo y con una pierna rota”. A pesar de que el tren lo mutiló, logró llegar a Mexicali, aguantado el dolor y el hostigamiento de autoridades de migración mexicanas.
“No más quería venir a México a pedir asilo, porque allá hay mucha violencia, pero desde el día que llegué, cuando iba entrando a la ciudad, pararon el tren los de migración, pero yo alcancé a correr y me escondí en las ramas”, recuerda.
Ya no sabe qué hacer. Cruzar a Estados Unidos no es su sueño; trabajar en México sí, formar una familia. “Estoy desesperado, hace mucho calor, pero no puedo salir de aquí porque me deportan”.
Ganiel, un joven hondureño de 23 años, salió de su país hace medio mes. Agarró todos sus ahorros y tomó un camión a Guatemala, a Veracruz, después a la ciudad de México y después a Guadalajara; dice que ahí agarró a ‘El Diablo’.
El 17 de julio llegó a Mexicali. Aquí empezó la verdadera travesía: la primera alerta la recibió de un policía municipal; cuando bajaba del tren le advirtió que tuviera cuidado, “los de migración ahora sí andaban bien perros”.
“En cuanto dimos la vuelta a la calle nos salen las camionetonas, esas del INM, eran cuatro; éramos como 60 centroamericanos en el tren, unos alcanzaron a correr y a otros nos detuvieron. Me quitaron la mochila y me cuestionaron de todo”.
“¿Quién es el Presidente de la República?, ¡canta el himno nacional!, ¿de qué color es tu acta de nacimiento?”, son las preguntas con las que hostigan a los centroamericanos. “Me salvé porque me aprendí todo, dije que era de Guadalajara, que agarraba el camión 324”.
Pero ahora Ganiel vive encerrado, como cientos de centroamericanos que llegaron a Mexicali. Dice que hace poco salió al parque y ahí también estaba migración con policías municipales preguntando el estatus migratorio a los que se “veían como centroamericanos”.
Redadas en albergues
El 12 de julio de este año los albergues comenzaron a levantar la voz: se habían mantenido callados ante las redadas del Instituto Nacional de Migración (INM) y policías.
La Coalición Pro Defensa del Migrante, una de las organizaciones más importantes en el norte de México, denunció que la situación era ya tan preocupante que temen que estas redadas se conviertan en política institucional.
Incluso, comparan y catalogan de inadmisible la persecución de migrantes extranjeros en México. “No admitimos que se hagan en nuestro estado razias de migrantes como las que realizan estadounidenses”.
Un albergue donde se realizó una de las redadas más polémicas fue el “Maná”, que ayuda a migrantes desde hace más de 40 años.
Laura Jiménez, coordinadora del albergue que se localiza cerca de las vías del tren, recuerda que fue la primera semana de mayo cuando presenció algo inaudito.
“Me siento tan mal porque recuerdo que llegaron siete hondureños a la reja del albergue y apenas les iba a abrir, hasta les dije ´no se preocupen cayeron en buenas manos´; en eso llegaron los del INM y grupo Beta y los cercaron”.
Dice que fue muy triste y no puede olvidar la cara de angustia y los gritos de auxilio; salieron miles de centroamericanos por la violencia que impera en sus países. “Un muchacho se resistió y lo sometieron, le doblaron las manos y gritaba”.
Laura está muy indignada y critica lo que llama doble moral del gobierno mexicano. Mientras exigen a EU que traten dignamente a nuestros connacionales, ellos actúan peor con los centroamericanos. Ya se presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), explica.
Otra redada se registró en el albergue “Betania”, uno de los más antiguos de Mexicali. Afuera del refugio, durante tres días a principios de julio, el INM realizó operativos.
‘La Arizona de los centroamericanos’
Cuando la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, lanzó la polémica Ley de inmigración Arizona SB 1070, el gobierno mexicano no tardó en responder. El entonces presidente Felipe Calderón envió a las autoridades de EU un documento llamado “Amigos de la Corte”.
Categóricamente exponía que, de entrar en vigor, la sección cinco de la “Ley de Odio” —donde cualquier policía podría preguntar estatus migratorio y consignar ante las autoridades de inmigración— incidiría negativamente en las relaciones bilaterales. Como pocas veces, en ese 2012, el gobierno de México se le enfrentó al país vecino.
Dos años después ha comenzado a vivirse una de las peores crisis humanitarias y “México se ha convertido en la Arizona de los centroamericanos”, dicen activistas.
En ciudades del Pacífico, personal del INM, en coordinación con policías municipales y federales, han comenzado a preguntar el estatus migratorio, tal como se establece en la ley de inmigración de Arizona.
Sergio Tamai, director y fundador del Hotel Migrante, lo define así: “Somos candil de la calle y oscuridad en la casa”; denuncia que desde que entraron las nuevas autoridades al INM, en Mexicali empezó una persecución de migrantes.
“Algo que nunca habíamos visto: los arrastran por el piso y no son delincuentes, son migrantes que van hacia Estados Unidos. Ya hasta entraron a los albergues, están deteniendo el tren, lo cual es más peligroso porque apresan a siete, pero van hasta 100 personas, huyen, se esconden y sufren más peligro de morirse por el calor”.
Considera que lo más preocupante es que son las mismas autoridades municipales quienes los entregan al INM. “Mexicali se está convirtiendo en la Arizona de los centroamericanos. Rodulfo Figueroa, delegado regional de esta dependencia, el ‘Joe Arpaio mexicano’”, expone en referencia al polémico alguacil de Arizona, acusado de acosar a migrantes.
Agrega que actualmente llegan 100 migrantes al día en el lomo del tren, con un repunte de 30% este año.
Tamai fue denunciado por el INM, debido a que el año pasado bloqueó el paso de un camión que pretendía deportar a 27 migrantes centroamericanos. Los delitos que se le imputan son obstrucción de las vías de comunicación y sabotaje, entre otros.
“Sí, lo hice, y si me quieren meter a la cárcel que lo hagan. Porque transportan a los centroamericanos peor que a los animalitos”, reta Tamai a las autoridades.
“No son redadas, son operativos”
Antes las acusaciones de maltrato a migrantes, el INM sólo aceptó que se realizará un enlace telefónico con el delegado en Baja California, Rodulfo Figueroa.
Durante unos minutos, explicó a EL UNIVERSAL que no realizan redadas, son más bien “operativos” en Mexicali y sus alrededores.
En el caso de las acciones en el tren carguero, comenta que lo hacen porque la empresa Ferromex ha denunciado que viajan “polizontes”.
“Es importante recordar que el INM es una instancia ejecutora de políticas públicas y sólo cumple con la ley”.
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