By El Ayuntamiento de San Diego dio luz verde a la primera fase de un plan quinquenal para atender reparaciones urgentes en Centro de Convenciones, con una inversión proyectada superior a los 118 millones de dólares en los próximos cinco años.
La decisión, reportada por el The San Diego Union-Tribune, marca un nuevo paradigma, en torno a la asignación de recursos, provenientes del aumento al impuesto hotelero aprobado mediante la Medida C.
Durante años, la Corporación del Centro de Convenciones enfrentó limitaciones presupuestarias que impidieron atender el mantenimiento diferido del inmueble frente a la bahía.
El presupuesto municipal anual destinaba apenas montos mínimos para su conservación, mientras se acumulaban necesidades estructurales y técnicas.
Sin embargo, el escenario cambió tras la validación legal de la Medida C, aprobada en 2020, que incrementó el impuesto a las habitaciones de hotel para financiar la expansión del centro, programas para personas sin hogar y mejoras viales.
Con el respaldo definitivo de los tribunales, se estima que los fondos asignados específicamente al Centro de Convenciones alcanzarán 45.4 millones de dólares al cierre del actual año fiscal.
De ese total, el Concejo acordó esta semana destinar 21.4 millones de dólares para comenzar a abatir el rezago en mantenimiento.
Según detalló el medio, 7.5 millones se utilizarán para reemplazar el techo de la sección oeste del edificio, naugurada en 1989, y más de 9.5 millones se invertirán en la primera fase de la renovación de la planta central, que concentra los sistemas de calefacción y enfriamiento.
Autoridades municipales han señalado que el edificio de 2.6 millones de pies cuadrados ha registrado fallas crecientes en calderas, enfriadores, infraestructura eléctrica, plomería y filtraciones en techos.
Un informe externo elaborado en 2022 estimó que, en un horizonte de 25 años, las reparaciones y mejoras de capital podrían alcanzar 244 millones de dólares; ajustado por inflación, ese monto superaría los 452 millones, de acuerdo con funcionarios de ingeniería de la ciudad citados por el Union-Tribune.
Aunque la Medida C se promovió originalmente con el objetivo central de ampliar sustancialmente el recinto para atraer convenciones de mayor tamaño, ese proyecto enfrenta hoy mayores obstáculos financieros y legales. El incremento en los costos de construcción y la necesidad de canalizar parte de los recursos a reparaciones han reducido la viabilidad inmediata de la expansión.
El presidente de la Asociación de Alojamiento del Condado de San Diego, Robert Gleason, recordó al Concejo que la promesa hecha a los votantes contemplaba un centro ampliado que fortaleciera la competitividad del destino. Si bien reconoció la magnitud del mantenimiento diferido acumulado por años, instó a que los fondos de la Medida C se destinen conforme a su propósito original.
A ello se suma un factor adicional: la ciudad no tiene actualmente control sobre una parcela clave frente al mar necesaria para completar la expansión. Ese terreno está arrendado por Fifth Avenue Landing hasta mediados de 2027. Aunque en 2018 se alcanzó un acuerdo condicionado a la aprobación pública de la medida fiscal, los retrasos en la votación y la incertidumbre legal posterior complicaron su ejecución.
El concejal Stephen Whitburn reconoció que la ciudad debe continuar trabajando hacia la ampliación del centro, pero subrayó que las necesidades inmediatas de reparación no pueden postergarse.
El reto, finalmente coincidieron autoridades, será equilibrar la atención al deterioro del edificio con la visión de mantener a San Diego entre los principales destinos de convenciones en Estados Unidos.
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