By El Máximo Tribunal estableció que los bancos deberán demostrar con pruebas fehacientes la autenticidad de cada operación impugnada por cargos no reconocidos. Por otro, los legisladores aprobaron una reforma que endurece las reglas para la emisión y cancelación de tarjetas de crédito y débito, con énfasis en transparencia y eliminación de prácticas abusivas.
La SCJN determinó que, en los juicios relacionados con cargos no reconocidos, las instituciones financieras ya no podrán presumir que el usuario autorizó la transacción solo porque no se presentó a una audiencia. Con este criterio, se descarta el uso automático de la figura de “confesión ficta” para validar operaciones reclamadas.
El fallo obliga a los bancos a presentar documentos y procedimientos verificables que acrediten que el titular de la cuenta fue quien realizó o autorizó la transacción. La resolución implica: Mayor carga probatoria para los bancos, que deberán justificar la legitimidad de cada movimiento cuestionado.
Además, equivale a una mayor protección para los usuarios, que ya no serán responsables de cargos indebidos por omisiones procesales y la proyección de un marco de equidad más sólido, al impedir que errores o fraudes se transfieran al cliente sin evidencias.
Esta jurisprudencia se suma a un esfuerzo más amplio por transparentar la actuación de las instituciones financieras y reducir prácticas que colocaban al usuario en desventaja jurídica.
En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Con 467 votos, se avalaron cambios que impactan a los más de 40 millones de mexicanos que poseen tarjetas de crédito o débito.
Cancelación más sencilla, rápida y sin penalizaciones
La reforma establece que los usuarios podrán cancelar sus tarjetas mediante: Atención presencial, líneas telefónicas, plataformas digitales, y un botón visible en apps, banca en línea y portales oficiales, disponible 24/7/365.
Además, la cancelación deberá completarse en un máximo de cinco días hábiles, sin cobros adicionales por concepto de comisiones, penalizaciones o anualidades pendientes. El banco deberá entregar un comprobante físico o digital como constancia de cancelación.
La reforma también prohíbe que bancos y comercios cobren: Seguros, membresías, servicios adicionales y beneficios “empaquetados” sin autorización previa y explícita del usuario. Ningún cargo será válido si no se acredita documentalmente el consentimiento del cliente.
Las instituciones emisoras deberán informar con claridad los costos, comisiones, tasas y cargos asociados a cada tarjeta, fortaleciendo la obligación de actuar con buena fe, veracidad y transparencia.
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