By En Baja California, el pasado 2 de junio vivimos un día histórico, pues después de 30 años de administraciones estatales emanadas de un mismo partido, por fin alguien pudo derrotarlos, y acabar de paso con el bipartidismo.
Pero no hay alternancia sin transición y en esa etapa nos encontramos en estos momentos, hablando de la vida pública de nuestra entidad. Esta constituye un acto de suma importancia, ya que a través de este proceso se establece y se deja constancia del estado que guardan los asuntos y re-cursos de que dispuso la administración saliente durante su gestión.
Para los servidores públicos salientes, la entrega de los recursos los libera de la responsabilidad administrativa respecto del acto de Entrega-Recepción, más no de las faltas que hubiesen incurrido en el ejercicio de sus funciones. Para los servidores públicos entrantes, la recepción de los recursos constituye el punto de partida de su actuación al frente de su nueva responsabilidad.
Este proceso tiene como fundamento legal la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California, lo estipulado en los Reglamentos respectivos a nivel municipal, así como lo establecido en el Capítulo Tercero de Ley General de Archivos.
La Ley local mandata que la transición inicia a partir de la entrega de la Constancia de Mayoría por parte de la Autoridad Electoral, que acredita a los triunfadores como autoridades electas. A partir de ese momento la autoridad pública entrante constituirá comisiones de enlace a más tardar 60 días antes de tomar posesión, para que en coordinación con la autoridad obligada a hacer la entrega, quien igualmente deberá constituir las comisiones correspondientes, inicien la transferencia de información sobre el estado en que se encuentren los asuntos relacionados con recursos financieros, humanos, y materiales.
En el caso del Gobernador Electo, no hubo demora, apenas había recibido la constancia que lo acreditaba como el triunfador de la elección, cuando ya estaba emitiendo un oficio dirigido al Gobernador actual, para hacer de su conocimiento que ya contaba con el reconocimiento legal, y le solicitaba iniciar cuanto antes los trabajos de transición.
De igual forma, el Alcalde Electo de Tijuana hizo lo propio unos cuantos días después de recibir la constancia, dando con ello inicio no solo a la transición, sino al fin de una era bipartidista al frente de la comuna municipal.
La etapa transitoria implica que los titulares salientes deberán llevar a cabo un acto formal, en el que se haga entrega del informe de la gestión realizada por los mismos y el acta administrativa a los titulares entrantes.
Por su parte los servidores públicos entrantes, al tomar posesión, o en su caso, los que queden como encargados de despacho, firmarán un acta administrativa con asistencia de dos testigos que además de contar con la presencia obligada de integrantes de los órganos de control y vigilancia, como lo es la Contraloría en el caso del Gobierno del Estado y la Sindicatura Procuradora tratándose de los municipios.
Una vez iniciado el proceso de transición, en caso de que el servidor público entrante detecte irregularidades en los documentos y recursos recibidos, dentro del término señalado en esta Ley, deberá hacerlas del conocimiento del órgano de control a que corresponda la dependencia o entidad de que se trate, a fin de que el servidor público saliente pueda proceder a su aclaración dentro de los treinta días naturales siguientes, o en su caso, se proceda de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Entendido esto en su aspecto legal, vale la pena analizarlo desde la óptica política, pues para el Par-tido Acción Nacional, no es cualquier cosa perder su bastión, ese que en 1989 los catapultó, siendo la nota a nivel local e internacional, cuando de la mano de Ruffo Appel finiquitaron a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, logrando por primera vez una gubernatura mediante un partido distinto al otrora poderoso partido oficial.
Sucumbir no fue una tarea fácil para el PAN; no pudo hacerlo el poderío económico de Jorge Hank en 2007, tampoco lo logró el PRI de la mano del experimentado político Fernando Jorge Castro Trenti en 2013, elección que por cierto quedó marcada por el estigma de las negociaciones y pactos políticos conocidos como “concertaciones”.
A nivel municipal, se habían dado unos cuantos intercambios, pero siempre entre PRI y PAN, pero este 2019, será histórico puesto que los cinco municipios serán gobernados por un partido diferente a los de siempre, esto debido a que, desde el Valle de Mexicali, hasta el paralelo 28 que divide a la península, los ciudadanos hablaron y lo hicieron mediante una cruz en una boleta, poniéndole un hasta aquí al bipartidismo.
Ahora estamos viviendo los momentos de los que se aferran a quedarse, de los que no se quieren ir, y los que ya planean en regresar, pero también es importante darle el beneficio de la duda a los que están por llegar> Esperemos por el bien de Baja California, y de los que aquí habitamos, haya buenos gobiernos, que sean sensibles y atiendan las problemáticas que nos aquejan como lo son; inseguridad, falta de cobertura en servicios públicos, modernización del transporte, agua potable, salud pública, entre otras.
Por ello el primero de agosto que inicia funciones la nueva legislatura, marcará la pauta; de igual forma el primero de octubre cuando protesten los alcaldes electos, será un aliciente para los anhelos de cambio; y el primero de noviembre cuando asuma el nuevo gobernador será el arranque de la cuarta transformación en Baja California. Contarán con mayoría en el Congreso y en todos los Ayuntamientos. En re-sumen, tienen todo para cumplirle a los ciudadanos que depositaron su confianza en las urnas, así es que no tienen derecho a fallar.
Lararium; Un gobierno de dos años poco servirá, por ello es de suma importancia que de no prosperar las iniciativas para ampliarlo, el Congreso del Estado debata la posibilidad de hacer una gubernatura del 2021 al 2024, para con ello lograr un doble empate. Además, al coincidir las elecciones estatal y presidencial, serviría para que los gobernadores sean electos con una mayor participación, aparte de tener elecciones sólo cada tres años.
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