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Tribunal ratifica sentencia favorable a Miguel Torruco por daño moral contra figuras del PAN

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Ciudad de México, 20 de noviembre de 2026.– Miguel Torruco Marqués, exsecretario de Turismo federal, obtuvo una nueva resolución judicial favorable luego de que la Novena Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmara, en segunda instancia, una sentencia por daño moral contra tres figuras vinculadas al Partido Acción Nacional (PAN).

El fallo está relacionado con señalamientos difundidos durante el proceso electoral de 2024 sobre una propiedad ubicada en San Antonio, Texas, que presuntamente no había sido incluida en las declaraciones patrimoniales del exfuncionario.

De acuerdo con un comunicado emitido este viernes 20 de noviembre, la resolución ratifica la sentencia dictada por el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil, correspondiente al expediente 574/2024 y al toca de apelación 1489/2026.

La demanda fue presentada contra Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo; Santiago Torreblanca Engell, coordinador general jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN; y María Elena Pérez-Jaén Zermeño, diputada federal suplente de ese partido.

Según la información difundida por Torruco Marqués, durante el procedimiento se acreditó que el inmueble señalado había sido incluido oportunamente en sus declaraciones patrimoniales y de intereses.

El comunicado sostiene que el tribunal confirmó la existencia de daño moral por afectaciones a su honor, reputación e imagen pública, al considerar que las acusaciones excedieron los límites de la crítica política legítima.

La defensa de una trayectoria pública

Tras conocer la resolución, Miguel Torruco Marqués destacó la importancia de haber acudido a las instituciones judiciales para esclarecer los señalamientos relacionados con su patrimonio.

“La verdad no se impone con discursos ni se destruye con calumnias: se acredita con pruebas y se defiende con la ley. Hoy, la justicia ha reivindicado mi honor y mi nombre”, expresó.

Con una trayectoria de más de cinco décadas en el sector turístico, Torruco Marqués ha ocupado responsabilidades tanto en la iniciativa privada como en la administración pública, incluida la titularidad de la Secretaría de Turismo federal entre 2018 y 2024.

El exfuncionario señaló que su decisión de iniciar el procedimiento judicial respondió a la necesidad de defender su reputación y preservar la credibilidad construida a lo largo de su carrera profesional.

También hizo referencia a la responsabilidad que acompaña al ejercicio de la libertad de expresión, especialmente cuando las declaraciones públicas involucran acusaciones contra servidores y exservidores públicos.

“La libertad de expresión es un pilar de nuestra democracia, pero no constituye una licencia para mentir. La crítica política es legítima; la difamación no puede sustituir a la verdad ni quedar exenta de consecuencias jurídicas”, puntualizó.

Libertad de expresión y responsabilidad pública

La controversia se desarrolló a partir de acusaciones surgidas en un contexto electoral, cuando el escrutinio sobre la actuación y el patrimonio de las figuras políticas adquiere especial relevancia.

El caso aborda dos principios fundamentales de la vida democrática: el derecho de la sociedad a cuestionar a sus representantes y la protección legal del honor y la reputación de las personas.

En este escenario, la resolución de segunda instancia representa un nuevo pronunciamiento favorable para Torruco Marqués, conforme a la información contenida en el comunicado, y plantea una reflexión sobre la importancia de sustentar las declaraciones públicas en elementos verificables.

El exsecretario de Turismo reiteró su confianza en las instituciones judiciales y consideró que el fallo constituye un reconocimiento a los argumentos presentados durante el procedimiento.

La confirmación de la sentencia marca una nueva etapa en la controversia iniciada en 2024 y vuelve a colocar en el debate público la relación entre libertad de expresión, responsabilidad política y protección de la reputación.

Más allá de las diferencias partidistas, el caso recuerda la importancia de contar con mecanismos institucionales para resolver controversias y garantizar que el debate democrático se desarrolle dentro del marco legal.

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