By Ante el comportamiento reciente de la economía mexicana, especialistas del sector productivo señalan la necesidad de impulsar condiciones más favorables para la inversión, mejorar el clima de certidumbre y promover políticas públicas que permitan un crecimiento sostenido en 2026.
Durante el desayuno técnico de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) Tijuana, José Luis Contreras Valenzuela, presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO), compartió un análisis sobre las tendencias económicas actuales. Explicó que el país ha registrado trimestres con bajo crecimiento, disminución del empleo formal y ausencia de nueva inversión, factores que requieren atención para evitar un estancamiento prolongado.
Contreras subrayó que, en meses recientes, se han perdido más de 20 mil empleos formales, un indicador que —según dijo— refleja la necesidad de revisar el marco fiscal, garantizar mayor certidumbre jurídica y restablecer plenamente el Estado de Derecho. “La inversión llega cuando existen condiciones favorables; es indispensable generarlas”, afirmó.
También destacó que la dinámica económica de México está estrechamente vinculada a la de Estados Unidos. Si la economía estadounidense entra en una fase de expansión, México podría aprovechar ese impulso, siempre y cuando logre fortalecer su red de proveeduría e incentivar la producción nacional.
El líder industrial insistió en que el reto central hacia 2026 será “pasar de la política a la economía”, es decir, priorizar decisiones que fortalezcan la productividad, amplíen la base de contribuyentes y orienten el gasto social hacia proyectos generadores de crecimiento.
Por su parte, Martín Guisado Valdez, presidente de la AMCP Tijuana, coincidió en que el entorno actual exige acciones coordinadas entre gobierno, empresas y organismos profesionales. Señaló que factores como la inseguridad, la incertidumbre judicial y los costos derivados de recientes reformas laborales han generado inquietud entre compañías, especialmente pequeñas y medianas.
Guisado destacó que la discusión de temas como la jornada laboral de 40 horas ha incrementado la presión administrativa y financiera para diversos sectores. Sin embargo, confió en que 2026 pueda marcar una tendencia más favorable si se construyen consensos y se escuchan las necesidades de todos los actores económicos.
Ambos dirigentes coincidieron en que el próximo año deberá enfocarse en generar condiciones que impulsen el desarrollo nacional y permitan aprovechar oportunidades regionales y globales, especialmente en un contexto marcado por la relocalización industrial y la integración comercial de América del Norte.
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