Puerto Quetzal (Guatemala) enfrenta cuestionamientos por concesión de área estratégica para su modernización

Guatemala, 30 de julio de 2026.- La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), responsable del principal puerto sobre el Pacífico en Guatemala, enfrenta cuestionamientos tras aprobar el arrendamiento por 25 años de un área estratégica del recinto portuario a la empresa Obras Marítimas, S.A. (MARISA), una decisión que ha puesto bajo escrutinio los mecanismos de adjudicación y la gobernanza de uno de los proyectos logísticos más importantes de la región.

El contrato contempla el uso de más de 25 mil metros cuadrados dentro del puerto, una infraestructura clave para el comercio exterior guatemalteco y para los planes de modernización impulsados en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE).

La controversia surge debido a que la empresa beneficiada aparece con estatus de proveedor inhabilitado dentro del Registro General de Adquisiciones del Estado, además de compartir representación legal con otra compañía que previamente elaboró el estudio de actualización del Plan Maestro de Desarrollo de Puerto Quetzal, situación que especialistas consideran podría representar un potencial conflicto de interés.

Aunque hasta el momento no existe una resolución judicial relacionada con el caso, la falta de información pública sobre el proceso ha generado solicitudes de mayor transparencia respecto a los criterios utilizados para autorizar el arrendamiento, el monto del canon pactado y los estudios técnicos que respaldan la utilización del espacio concesionado.

El caso adquiere relevancia debido a que Puerto Quetzal atraviesa un proceso de modernización orientado a incrementar su capacidad operativa y reducir los tiempos de espera para embarcaciones, en un contexto donde el crecimiento del comercio marítimo ha presionado la infraestructura existente.

La Empresa Portuaria Quetzal no había emitido una postura pública sobre los cuestionamientos al cierre de la información original, por lo que permanecen abiertas diversas interrogantes sobre la adjudicación y su compatibilidad con los proyectos de expansión actualmente en desarrollo