By La mañana de este miércoles, el Colegio de Abogados de Tijuana A.C. reunió a integrantes del gremio y representantes de distintas asociaciones para fijar una postura conjunta ante los recientes lineamientos del Poder Judicial en materia familiar.
Encabezados por su presidente, Daniel Avitia Beltrán, los abogados abordaron el acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura estatal, el cual plantea la necesidad de contar con estudios de posgrado —como especialidad, maestría o doctorado— para litigar asuntos donde estén involucrados niñas, niños y adolescentes.
Más allá de una confrontación, el posicionamiento del Colegio se centró en abrir la conversación sobre cómo fortalecer la justicia familiar sin generar barreras adicionales. Avitia Beltrán subrayó que el objetivo de todos los actores debe ser el mismo: garantizar una defensa adecuada y el bienestar de los menores, pero cuidando también el acceso efectivo a la justicia.
En ese sentido, explicó que dentro del gremio existe preocupación sobre el impacto práctico de estos requisitos, particularmente para abogados con amplia experiencia en la materia que, sin contar con un posgrado formal, han construido su trayectoria a lo largo de años de litigio.
Durante la rueda de prensa, también participaron voces como la de Alexander F. Bazán Gómez Llanos, quien destacó la importancia de que cualquier medida se construya de manera conjunta con la comunidad jurídica, a fin de evitar interpretaciones o efectos no previstos.
Uno de los puntos que generó mayor reflexión fue el posible impacto en los costos de los procesos legales, especialmente en casos familiares donde las condiciones económicas suelen ser un factor determinante. En ese contexto, los representantes del Colegio coincidieron en que es fundamental mantener la justicia accesible y cercana para la ciudadanía.
A pesar de las diferencias, el mensaje fue claro: existe disposición para colaborar con las autoridades judiciales. El gremio reconoció los esfuerzos de capacitación y modernización derivados de la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Baja California, y reiteró su interés en sumarse a su correcta aplicación.
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