By El sector empresarial necesita visibilizar las problemáticas que les aquejan en materia de seguridad. Así lo sostuvo el presidente nacional de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, quien en entrevista abordó el impacto real que los delitos tienes sobre empresas, emprendedores y ciudadanía en general.
“No hablamos solo de cifras, hablamos del negocio que abre todos los días, del que está en el mostrador, del que invierte en cámaras y alarmas en lugar de invertir en crecer”, expuso al referirse en particular al crimen de extorsión que, por años, se mantuvo en la llamada “cifra negra” debido al miedo a denunciar.
De la Torre explicó que la estrategia nacional contra la extorsión —respaldada por más de dos millones de afiliados del organismo empresarial— busca que este delito se persiga de oficio, fortalecer la denuncia anónima y endurecer sanciones, particularmente cuando exista colusión de servidores públicos con grupos criminales.
El dirigente señaló que los delitos económicos en México representan alrededor de 124 mil millones de pesos anuales. De ese monto, el 54 por ciento se destina a medidas de seguridad privada y el resto corresponde a pérdidas directas por robo y modalidades vinculadas a la extorsión. “Estamos hablando de recursos que podrían destinarse a producir, a innovar, a generar empleo”, subrayó.
A partir de la implementación de la estrategia, indicó, se ha observado una reducción de entre 10 y 20 por ciento en algunas modalidades, lo que ha significado un ahorro estimado de 18 mil 650 millones de pesos a nivel nacional, equivalente al 0.8 por ciento del Producto Interno Bruto.
El líder empresarial también destacó que desde Baja California surgió una de las propuestas que impulsaron la reforma para combatir la extorsión desde el anonimato y su persecución de oficio, una iniciativa que más tarde fue retomada en la agenda federal por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En cuanto a la prevención, informó que las cámaras de comercio distribuyen un manual con líneas de acción ante distintas modalidades: extorsión telefónica —incluidos falsos secuestros—, suplantación de identidad, “impuesto criminal” en la cadena productiva y cobro de piso. Además, se fortalecen canales como el 089 para garantizar denuncias seguras.
“La extorsión afecta no solo al comercio establecido, sino a toda la población. Cualquiera puede recibir una llamada intimidatoria”, advirtió.
Para el sector empresarial, visibilizar el delito es el primer paso para contenerlo. Romper el silencio, dijo, no solo protege a los negocios, sino que fortalece el Estado de derecho y devuelve a la economía lo que hoy se pierde en miedo.
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