Por: Alejandro Arregui, secretario del Trabajo y Previsión Social de Baja California
Hablar de trabajo digno es hablar de personas. De su salud, bienestar y derecho a desempeñar su labor en condiciones que respeten la integridad física y su calidad de vida. En ese camino, la llamada “Ley Silla”, recientemente incorporada a la Ley Federal del Trabajo, representa un avance concreto en la agenda laboral que coloca en el centro a las y los trabajadores. Su objetivo es claro: mejorar las condiciones laborales y reducir los riesgos asociados a permanecer de pie durante períodos prolongados.
Durante muchos años, miles de personas trabajadoras en sectores como el comercio, los servicios y diversas actividades industriales han realizado sus jornadas completas de pie sin la posibilidad real de sentarse a descansar. Esta práctica, normalizada por décadas, está asociada con problemas musculoesqueléticos, fatiga crónica, afectaciones en la circulación y otros padecimientos que impactan no sólo la salud individual, sino también la productividad y la calidad de vida.
La Ley Silla transforma esta realidad al establecer la obligación de las personas empleadoras de proporcionar asientos o sillas con respaldo, tanto para el desarrollo de las funciones como para el descanso periódico durante la jornada laboral.
Este cambio representa el reconocimiento legal de que el descanso también es parte del trabajo digno. No se trata de disminuir la productividad, sino de hacerla sostenible.
A nivel internacional, diversos organismos especializados en salud ocupacional han señalado que las posturas prolongadas de pie aumentan el riesgo de trastornos en las piernas, la espalda baja y el sistema circulatorio. La Ley Silla coloca a México en sintonía con esta visión moderna del trabajo, donde la persona es prioridad.
La reforma también impulsa una cultura de prevención. Los centros de trabajo deberán identificar los factores de riesgo para quienes laboran de pie, definir pausas durante la jornada conforme a la naturaleza de cada puesto.
Más allá del impacto en la salud, esta medida reafirma un principio fundamental: la dignidad laboral y el bienestar físico no son privilegios, sino derechos. Asimismo, contribuye a reducir riesgos laborales, incapacidades y ausentismo, generando beneficios tanto para las personas trabajadoras como para los centros de trabajo.
Con esta reforma, lo que antes dependía de la voluntad del empleador ahora se convierte en una obligación legal, sujeta a supervisión y cumplimiento, fortaleciendo así el marco de justicia laboral en el país.
La Ley Silla es un paso firme hacia entornos laborales más humanos, seguros y justos, donde el respeto a la salud y a los derechos fundamentales sea una prioridad.
Para Baja California, avanzar en la aplicación de la Ley Silla forma parte de una visión más amplia: consolidar una política laboral con enfoque humano, donde el crecimiento económico vaya de la mano con el respeto a los derechos laborales.
Cada silla disponible en un centro de trabajo simboliza un cambio de paradigma. Es la confirmación de que el descanso es un derecho, de que la dignidad se ejerce también en los detalles cotidianos y de que una agenda laboral moderna se construye escuchando las necesidades reales de quienes sostienen, con su esfuerzo diario, la economía de nuestro Estado.
Trabajar mejor también significa trabajar con salud, con respeto y con dignidad. Ése es el rumbo de la nueva cultura laboral que estamos impulsando: una donde el bienestar de las personas trabajadoras sea siempre el punto de partida.
















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