Conozca porque es ilegal esta acción de la autoridad en nuestra región

NO HAY UNA prueba más clara de que los ciudadanos, y en este caso los bajacalifornianos, no conocemos nuestros derechos o tenemos la menor idea de cómo la Constitución Política nos protege, al permitir que nos detengan, nos humillen y nos hagan la prueba del nefasto alcoholímetro, nadie lo dice, pero muchos y me incluyo, hemos pasado, sin haber hecho ningún daño por esa degradante prueba (su servidor la libró con .055).

No se discute aquí el peligro de beber alcohol y los daños potenciales a terceros por el hecho de manejar embriagado, es otro boleto y hay miles de maneras de prevención.

Lo que sí preocupa es que la autoridad imponga alcoholímetros crean-do un estado literalmente de sitio y violando flagrantemente nuestras garantías individuales marcadas en el artículo 16 de nuestra Constitución. Esto además se aplica a cualquier tipo de retenes, incluso los militares.

«NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO, PAPELES O POSESIONES, SINO EN VIRTUD DE MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO. NO PODRÁ LIBRARSE ORDEN DE APREHENSIÓN SINO POR LA AUTORIDAD JUDICIAL Y SIN QUE PRECEDA DENUNCIA O QUERELLA DE UN HECHO QUE LA LEY SEÑALE COMO DELITO, SANCIONADO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y OBREN DATOS QUE ESTABLEZCAN QUE SE HA COMETIDO ESE HECHO Y QUE EXISTA LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN».

Dice el Artículo 16 en la Constitución. Entonces, si usted va manejando y tomó mucho o poco alcohol o nada, y de repente lo paran en la típica fila del sistema alcoholímetro para preguntarle si ingirió alcohol, desde aquí la autoridad ya está incurriendo en un delito penal por privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad que debe ser denunciado.

Lo recomendable es que, haya tomado o no, exprese a la autoridad en forma correcta que no tienen derecho a preguntarle nada, y que están violando la constitución. Si aún así, insisten, si puede, llame a un abogado y de ninguna manera deje que le quiten las llaves del carro ni sus documentos, pues además están violando el Artículo 14.

Es un secreto a voces que el programa de alcoholímetro esto talmente recaudatorio, captan al menos 15 millones de pesos mensuales, la verdad la reducción de accidentes provocados por el alcohol por este programa no pinta estadísticamente. Si de esto se tratara, tendría que haber un alcoholímetro diario por cada6 intersecciones, esto es mil veces más sistemas de alcoholímetro de lo que hay en Tijuana.

En resumen, lo que preocupa del alcoholímetro es que los ciudadanos, debido en parte que nuestra Constitución la estudiamos sólo en educación básica, no la conocemos y por ende estamos en indefensión ante abusos de autoridad, que en un momento pueden ser más graves que el hecho de que nos quiten el carro o nos pongan una multa.

La autoridad municipal debe entender que un potencial delito de manejar en estado de ebriedad no se corrige violando la ley por la mismísima autoridad; además, el alcoholímetro ahuyenta el turismo, crea un estado de sitio digno de países de oriente y, para acabarla, se presta a corrupción. ¡No se vale!