Hacer negocios en México durante tiempos de incertidumbre

Por: Roberto Quijano / Abogado. Académico. Autor

La inminente elección de juzgadores ha agregado mayor incertidumbre al ambiente de negocios en México. Si bien el T-MEC ha sobrevivido por el momento, las inversiones siguen en alerta ante posibles afectaciones derivadas del proceso electoral para elegir jueces, magistrados y ministros. En consecuencia, los empresarios deben ser estratégicos en su toma de decisiones, minimizando toda clase de contingencias, especialmente aquellas que pudieran terminar en juicio.

 A nadie le gusta que un negocio, asociación o contrato terminen en juicio; es costoso y desgastante para las partes litigantes, sobre todo para aquella que ha resultado afectada. Incluso si se gana, suele ser una victoria pírrica, en la que los perjuicios son casi equivalentes a los beneficios obtenidos.

 Lo mejor es evitar el litigio a toda costa. Suena como una recomendación obvia. ¿Quién quiere irse a juicio? A veces, ni siquiera los abogados litigantes, especialmente cuando se trata de asuntos de cuantía menor. Precisamente estos últimos representan grandes dolores de cabeza para las empresas. Quizá el valor del negocio incumplido sea de miles de dólares, pero no de millones; no lo suficientemente alto para justificar un litigio, pero sí para afectar las finanzas de una empresa. Así ocurre con muchas compañías que se quedan con cuentas por cobrar, facturas impagadas y demás incumplimientos.

 Los empresarios enfrentan así dos grandes incertidumbres: un poder judicial poco confiable y contrapartes comerciales potencialmente incumplidas. Aun así, los negocios deben seguir, y muchos ya consideran estas contingencias en sus planes. Si bien no podemos influir directamente en la composición del Poder Judicial, sí podemos ser más selectivos con quienes hacemos negocios.

 Los numerosos cambios legislativos, sobre todo en materia laboral y fiscal, durante éste y el anterior gobierno han representado una gran carga para las empresas. Ejemplo de ello es el REPSE, donde los prestadores de servicios especializados deben contar con registro, constancia de situación fiscal y opiniones de cumplimiento positivas del SAT, IMSS o INFONAVIT. A todo esto se le llama cumplimiento legal.

 Este cumplimiento debe ser el estándar que clientes, proveedores y socios comerciales deben mantener. Por ello, los empresarios deben verificar que sus contrapartes cumplan siempre con sus obligaciones para reducir riesgos legales.

 Sin embargo, esto sólo asegura el cumplimiento frente a las autoridades, no frente al contrato. Es positivo que el proveedor cumpla con la ley, pero ¿cómo lograr que también cumpla con lo pactado?

 Los contratos reflejan la realidad de los negocios: precios, cantidades, plazos, obligaciones. Pero no siempre se cumplen. Por ello, deben redactarse de modo que el incumplimiento sea costoso para la parte infractora y las garantías fáciles de ejecutar. Solicitar depósitos, seguros, fianzas, entre otros. Aun así, esto puede resultar insuficiente si la ejecución termina en un sistema judicial ineficaz.

 En la era Trump 2.0, se abren nuevas posibilidades. El T-MEC ha sobrevivido, pero EE. UU. vigila de cerca a México. Una mínima desviación podría poner en riesgo nuestra economía.

 ¿Qué tal si también exigimos que nuestras contrapartes, además de cumplir con la ley mexicana, acrediten buena posición y cumplimiento ante el sistema legal y bancario estadounidense? El precio del incumplimiento sería tratar con jueces y bancos de EE. UU. Sospecho que con ellos no sería tan fácil ni impune como con nuestros jueces y bancos del Bienestar.