En un paso decisivo hacia lo que se ha calificado como una deuda histórica con los mexicanos, el Pleno del Senado de la República aprobó este 11 de febrero de 2026, por unanimidad, la reforma constitucional al artículo 123 para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
Con 121 votos a favor, el dictamen avanza con el respaldo de todas las fuerzas políticas, aunque con importantes matices sobre su implementación.
El camino hacia 2030
A diferencia de propuestas anteriores que buscaban un cambio inmediato, el dictamen aprobado establece una transición gradual. El objetivo es permitir que el sector productivo se adapte sin afectar la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas. El calendario de reducción quedaría de la siguiente manera:
-
2026: Se mantiene en 48 horas (año de transición y ajustes legales).
-
2027: Reducción a 46 horas.
-
2028: Reducción a 44 horas.
-
2029: Reducción a 42 horas.
-
2030: Implementación total de las 40 horas semanales.
La ley prohíbe explícitamente que la disminución de horas trabajadas impacte negativamente en el sueldo o prestaciones de los empleados.
El dictamen incluye una modificación que ha generado debate: el límite de horas extra permitidas sube de 9 a 12 horas semanales. Estas se pagarán al doble, y solo a partir de la hora 13 el pago será triple.
Y aunque la meta es alcanzar los dos días de descanso, partidos de oposición señalan que el dictamen actual aún deja lagunas sobre la obligatoriedad de los dos días consecutivos, un tema que se espera pulir en la legislación secundaria.
Para el Gobierno Federal, esta reforma es una pieza central de la justicia social. “Se trata de devolver horas de vida a los trabajadores”, han señalado legisladores de Morena. Según datos discutidos en el Senado, México ocupa los primeros lugares mundiales en estrés laboral, y se estima que el 25% de los infartos anuales en el país están relacionados con factores de agotamiento en el trabajo.
Por otro lado, el sector empresarial ha manifestado su preocupación por el costo operativo. Se estima que, sin medidas compensatorias o incentivos fiscales, el costo de la mano de obra podría incrementarse significativamente, lo que plantea el reto de mejorar la productividad por hora trabajada.
Tras su aprobación en lo general por el Senado, el dictamen pasará a la Cámara de Diputados. Al tratarse de una reforma constitucional, una vez avalada por el Congreso de la Unión, deberá ser ratificada por la mayoría de las legislaturas estatales (al menos 17 estados) antes de ser promulgada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

















Comments