By La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció hoy el “deterioro” del derecho a la libertad de expresión en Venezuela luego de ataques del gobierno a medios de comunicación y periodistas, y el presunto bloqueo a un sitio web. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó en un comunicado “su profunda preocupación por el deterioro del derecho a la libertad de expresión en Venezuela”.
En los últimos días el país suramericano ha visto “la continua estigmatización por parte de altos funcionarios públicos de medios de comunicación y periodistas críticos”, así como sanciones y despidos contra comunicadores y el presunto bloqueo del sitio web de un medio de comunicación”, según el organismo autónomo de la OEA.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro acusó la semana pasada a medios de prensa de “terrorismo psicológico” por divulgar noticias sobre presuntos fallecimientos productos del supuesto surgimiento de una “enfermedad desconocida” y reveló haber ordenado a la Fiscalía que inicie demandas contra los responsables.
La medida ocurrió días después del despido de una caricaturista crítica del gobierno y la interrupción de la señal de internet del canal colombiano NTN24, cuya señal televisiva fue sacada del aire por Maduro en febrero.
La caricaturista Rayma Suprani denunció haber sido despedida del diario venezolano El Universal horas después de publicar una viñeta, bajo el titulo “Salud en Venezuela”, en la cual deforma la firma del difunto presidente Hugo Chávez para transformarla en el electrocardiograma de un fallecido.
La CIDH instó a Venezuela a “apegarse a los más estrictos estándares internacionales en materia de libertad de expresión” y garantizar a los medios y periodistas ejercer la libertad de expresión “sin intervenciones indebidas”, así como el derecho al debido proceso.
El organismo, con sede en Washington, también pidió que se reestablezca el acceso a los portales web y llamó a evitar medidas directas o indirectas “para impedir la circulación de opiniones críticas o denuncias contra autoridades del gobierno”.
En un marco de crisis económica y tensión política en el país con las mayores reservas petroleras del mundo, varios grupos de comunicación de primera línea, han cambiado de manos durante el último año, incluyendo los diarios de mayor circulación y la cadena de televisión más crítica (Globovisión).
Los medios también además enfrentan una dramática escasez del papel de prensa, para cuya importación el gobierno autoriza las divisas, lo que ha provocado el cierre de algunos periódicos y la reducción de otros.
De otra parte, familiares de las víctimas del golpe de 2002 contra Hugo Chávez exigieron hoy explicaciones al Gobierno de Nicolás Maduro y a la Justicia venezolana por la medida de prisión domiciliaria para el ex comisario Iván Simonovis, mientras el dirigente opositor Leopoldo López supera los siete meses preso con su juicio aplazado.
Las decisiones judiciales siguen centrando buena parte de la agenda política del país y hoy la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado de 2002 (Asovic) manifestó su rechazo a la decisión judicial del pasado fin de semana de permitir un beneficio para que Simonovis, condenado a 30 años de prisión, pueda estar en casa.
La decisión es “una cachetada profunda” para las víctimas, dijo Fuentes en una rueda de prensa en Puente Llaguno, en el centro de Caracas, lugar donde murieron varias de las 19 personas en la jornada del 11 de abril de 2002, que terminó con la salida del poder de Hugo Chávez durante 48 horas.
“Las víctimas del 11 de abril repudiamos rotundamente esa decisión, por cuanto fue una decisión inconsulta, por nuestras manos nunca paso un informe médico que constatara la enfermedad de ese ciudadano”, dijo a periodistas la presidenta de Asovic, Yesenia Fuentes. Fuentes, que además ha reclamado al Gobierno la entrega de la indemnización prometida a las víctimas, exige un pronunciamiento y una explicación sobre los motivos por los que fue otorgado el beneficio.
El ex comisario, preso desde 2004 y a quien la oposición considera un preso político, recibió el sábado una medida humanitaria de prisión domiciliaria hasta que se recupere de las múltiples dolencias que desde su entorno aseguran que sufre. Su abogado, José Luis Tamayo, informó hoy de que una jueza de ejecución ordenó el traslado de Simonovis al Hospital de Clínicas Caracas.
“El cronograma de traslado será determinado mañana mismo por el médico internista (…), el médico de confianza de Simonovis. Es él el que va a determinar quiénes son los especialistas que irá visitando paulatinamente”, indicó Tamayo a Unión Radio. “Una vez que tengamos el cronograma (…), haremos una solicitud nueva al tribunal para que este a su vez ordene los traslados que hagan falta”, añadió.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió hoy a eludir el tema en un acto público que encabezó, y hasta ahora el único pronunciamiento del Gobierno vino ayer de boca del ministro de Interior, Miguel Rodríguez. “Es una decisión del poder judicial que nosotros respetamos”, dijo.
La oposición también guardó silencio, tras celebrar el sábado la decisión judicial, un reclamo que habían llevado incluso a la mesa del diálogo establecida con el Gobierno para superar la crisis que comenzó en febrero de este año y que desató protestas que dejaron más de 40 muertos.
Mientras tanto, lo que debió ser la quinta audiencia del juicio de López, juzgado por su presunta relación con los hechos violentos del pasado 12 de febrero, fue aplazada para el próximo 30 de septiembre, mientras su defensa anunciaba nuevas acciones legales y reiteraba sus denuncias de indefensión.
La audiencia de hoy fue suspendida por el estado de salud de Christian Holdack, uno de los jóvenes que está siendo juzgado junto a López, lo que impidió su traslado al Palacio de Justicia, según dijo a Efe el abogado Juan Carlos Gutierrez, miembro del equipo legal que defiende al dirigente político. Holdack “estaba en condiciones terribles de salud y no pudo ser trasladado al tribunal”, añadió.
La defensa de López presentó un nuevo recurso de amparo contra la jueza Susana Barreiros, encargada del juicio de López, por “la omisión de pronunciamiento” ante la solicitud de los abogados de que el líder de Voluntad Popular (VP) sea atendido por un oftalmólogo para atender un problema de visión.
“A esta jueza se le ha pedido el trasladado de López a un centro asistencial por un tema de salud visual así como la incorporación de un consultor técnico, entre otros impedimentos que se han hecho en diferentes oportunidades y que no han generado ninguna respuesta”, señala Gutiérrez a través de un comunicado difundido por VP.
López, preso desde el 18 de febrero, está acusado de instigación pública, agavillamiento (asociación para delinquir), daños a la propiedad e incendio por los hechos violentos del pasado 12 de febrero en Caracas, que fueron el detonante de las protestas antigubernamentales que se registraron hasta mayo pasado. En esa ola de protestas, fallecieron más de 40 personas y cientos resultaron heridas y detenidas.
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