By Ante el temor y la incertidumbre que han provocado los insistentes rumores que se han esparcido en los últimos meses, sobre la posible ejecución de un ambicioso proyecto minero en el extremo sur del Estado, en las inmediaciones del Paralelo 28, por parte de una empresa que tiene pésimos antecedentes por los problemas graves de contaminación que ha generado en otros puntos del país, legisladores del Congreso del Estado aprobaron ayer el envío de un exhorto al titular del Ejecutivo Estatal para que les haga llegar toda la información relacionada con el tema.
Incluso, se le solicitó que también gestione informes sobre el particular ante la instancia federal de gobierno, para que se clarifique el asunto.
Lo anterior ocurrió mediante la aprobación de una proposición con punto de acuerdo que presentó el diputado Francisco Alcibíades García Lizardi, y al que se sumó el diputado José Alberto Martínez Carrillo, quien en octubre del año pasado presentó una propuesta similar y de la que solo se obtuvo una respuesta por parte de la representación de SEMARNAT en el Estado, en la que se estableció que aquí no se tenía ninguna información de la existencia de tal proyecto.
Se trata del tema relacionado con el proyecto minero de El Arco, encabezado por Grupo México, propiedad de Germán Larrea, quien fue descrito por el inicialista como “el segundo hombre más rico del país, según la revista Forbes y uno de los principales beneficiados con la privatización del sector minero”.
García Lizardi comentó que la zona conocida como El Arco, es un poblado que se ubica en la parte central del Paralelo 28, en el límite geográfico de los Estados de Baja California y Baja California Sur, donde -afirmó-, “existe desde hace años, interés del consorcio empresarial Grupo México de extraer los yacimientos de cobre, oro y plata con base a explotación a cielo abierto, técnica minera altamente depredadora y contaminante de suelo, agua y aire”.
Sostuvo que dicho proyecto que, de acuerdo con declaraciones de autoridades del Estado, iniciaría a finales del 2014, ha generado preocupación e incertidumbre entre casi 60 mil pobladores de aquella zona, pues, señaló, “el Grupo México tiene un amplio y negro historial de incidentes y contingencias provocadas por negligencia y por una actitud irresponsable, que ha provocado daños irreversibles al medio ambiente y afectado la salud de miles de personas en varios de los proyectos que ha emprendido en el país”.
Recordó que el 6 de agosto del año pasado, una falla en la operación de la mina de Cananea, Buenavista del Cobre, propiedad del citado grupo, propició el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico al río Sonora, que abastecía a siete municipios de agua para consumo humano y para actividades productivas, por lo que 25 mil habitantes quedaron sin suministro del vital líquido, y la economía de miles de familias quedó arruinada. Días después, un vagón de Ferromex, empresa filial de Grupo México, que transportaba químicos tóxicos que serían comercializados en el extranjero, descarriló y volcó a escasos metros del Río Santa Cruz, en Nogales, Sonora, derramando 240 toneladas de ácido sulfúrico, añadió.
El legislador del Partido Movimiento Ciudadano solicitó que el Ejecutivo Estatal, en su caso, también lleve a cabo las gestiones necesarias ante el Gobierno Federal para que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional del Agua, proporcionen los expedientes correspondientes a las autorizaciones de impacto y riesgo ambiental del proyecto; las concesiones mineras otorgadas por la Dirección General de Minas a Grupo México SA de CV/Mexicana del Arco SA de CV, y las concesiones y perforación de pozos de agua para el desarrollo del megaproyecto.
Al sumarse al punto de acuerdo, el diputado de Nueva Alianza, José Alberto Martínez Carrillo, dijo que, en respuesta a una propuesta similar, en octubre pasado, el delegado de SEMARNAT en la entidad respondió que no existía ninguna solicitud de autorización en materia de impacto ambiental para la instalación u operación de alguna mina en la parte limítrofe sur del Estado por parte de Grupo México.
“Las autoridades tanto federales como estatales, deberán estar alertas a fin de exigir las más estrictas garantías de seguridad a este consorcio empresarial o, en caso contrario, cancelar todo tipo de permisos y concesiones otorgadas para la exploración y explotación minera en la Península de Baja California”, puntualizaron los legisladores.
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