By El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California expresó su posicionamiento respecto al reciente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa, señalando implicaciones en materia jurídica y económica.
A través de su presidente, Octavio Sandoval López, el organismo empresarial manifestó su preocupación por los efectos que esta medida podría tener en la seguridad jurídica, la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa, al considerar que el bloqueo de cuentas sin intervención judicial previa introduce elementos de incertidumbre para ciudadanos y empresas.
El CCE estatal indicó que, si bien reconoce la importancia de fortalecer los mecanismos para prevenir operaciones vinculadas con lavado de dinero y financiamiento ilícito, también subraya la necesidad de que dichas acciones se apeguen a los principios constitucionales y al equilibrio entre autoridad y derechos individuales.
En ese sentido, el organismo destacó que el sistema financiero mexicano ha desarrollado durante más de una década herramientas de supervisión, monitoreo y prevención que permiten identificar operaciones inusuales, con la participación de las instituciones bancarias como primer filtro en la detección de irregularidades.
Asimismo, advirtió que resoluciones de este tipo pueden incidir en la percepción de certidumbre jurídica, un elemento considerado relevante para la atracción de inversión y el desarrollo económico, particularmente en un entorno donde México mantiene procesos estratégicos como la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El posicionamiento también hace referencia a posibles afectaciones a derechos fundamentales, al señalar que el congelamiento de recursos podría limitar el acceso de las personas a sus propios medios económicos, lo que podría repercutir en su capacidad para ejercer una defensa adecuada.
Como parte de sus propuestas, el CCE Baja California planteó la apertura de espacios de diálogo entre autoridades, sector empresarial, academia y especialistas, con el objetivo de revisar el alcance de este criterio y sus implicaciones. De igual forma, sugirió establecer lineamientos claros y transparentes sobre la aplicación de estas facultades, así como mecanismos ágiles para el desbloqueo de cuentas en caso de no acreditarse irregularidades.
El organismo reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en el combate a los delitos financieros, al tiempo que enfatizó la importancia de preservar los principios del Estado de Derecho como base para la confianza institucional, la inversión y el desarrollo económico del país.
Comments