By Los clientes que reciben servicios públicos al sur de California pagarán 3.3 mil millones de dólares por concepto de costos asociados con el cierre de la planta nuclear San Onofre, en virtud de un acuerdo aprobado el pasado jueves por la Comisión de Servicios Públicos de California.
El acuerdo resuelve si los consumidores o los accionistas deberán pagar por el haber cerrado los reactores nucleares gemelos que proporcionaban la quinta parte de la electricidad de San Diego.
La planta de San Onofre fue cerrada en el 2013 debido a la rápida degradación de sus generadores de vapor recién instalados.
Los propietarios de la planta, Southern California Edison y San Diego Gas & Electric, trataron de recuperar una suma adicional de 1450 millones de dólares en costos, pero la comisión, en una decisión 5 a 0, dijo que las empresas de servicios públicos deben pagar la mayor parte del costo del proyecto fallido de sustitución del generador, y redujeron la tasa de retorno en la inversión subyacente de la planta.
Para Edison, lo anterior se traduce en un cargo de 806 millones de dólares sobre sus ganancias antes de impuestos (461 millones de dólares después de impuestos). SDG&E, que es dueño de una quinta parte de la planta, reservó su parte del cargo, 187 millones de dólares (128 millones después de impuestos), previniéndose al arreglo.
En total, los consumidores tendrán que pagar 3300 millones de dólares, entre la fecha en que la planta dejó de producir la energía: el 31 de enero del 2012, hasta finales del 2022.
No está claro hasta qué punto los servicios públicos ya han cobrado parte de ese dinero. Tampoco está claro qué impacto tendrá la decisión en las facturas mensuales de servicios públicos de los consumidores.
Edison dijo que espera reducir la cuota en enero cuando se liquide la deuda, aunque más adelante en el año se incrementarán las cuotas otra vez. En breves comentarios, los comisionados de servicios públicos se refirieron al acuerdo como una manera justa de evitar una lucha interminable.
“El acuerdo proporciona un alivio sustancial a los contribuyentes tras su aprobación por la comisión, y elimina la necesidad de intenso litigio por más de un año con resultados inciertos”, escribió la comisión sobre la decisión.
Varios grupos de consumidores se opusieron a hacer un trato sin antes profundizar en la responsabilidad de Edison en los fallos de los generadores a vapor.
“Hasta que no se tenga el análisis de esa cuestión, no se puede ajustar de manera justa la carga de los costos a largo plazo de San Onofre”, dijo el abogado Michael Aguirre, quien presentó una demanda federal este mes en contra de la comisión y de Edison, y busca 3000 millones de dólares en restitución a los clientes de servicios públicos.
Edison ha sido citado por la Comisión de Regulación Nuclear por no revisar correctamente el diseño de los generadores. Mitsubishi Heavy Industries, el fabricante, fue citado por códigos informáticos defectuosos utilizados en la fase de diseño. Dentro de los generadores, los flujos de vapor producen vibraciones violentas, y un rápido desgaste de los tubos que llevan agua radiactiva eventualmente desencadenó la pequeña fuga de radiación que hizo que se cerrara la planta.
Las empresas de servicios públicos originalmente buscaban reunir 768.5 millones de dólares para el proyecto del generador, pero solo se recaudó alrededor del 20 por ciento después de que la planta cerró. Esos reembolsos se hubieran acreditado contra los excesos en los costos de los productos básicos de electricidad.
Los accionistas de Edison y de SDG&E recuperarán su inversión subyacente en la planta a una tasa de rendimiento reducido de menos del 3 por ciento, lo que significa una reducción de 419 millones de dólares a lo largo de 10 años.
“Creo que esto representa un buen equilibrio entre los cargos a los contribuyentes y a los accionistas”, dijo Catherine Sandoval, una de las comisionadas. Otra, Carla Peterman, llamó al acuerdo un “resultado razonable” que permite a los reguladores dejar las disputas prolongadas. En un comunicado, Edison calificó al arreglo de “justo y razonable”.
El acuerdo se negoció en privado entre las empresas de servicios públicos y dos grupos de consumidores: la Office of Ratepayer Advocates y The Utility Reform Network en San Francisco. Fue aprobado más tarde por grupos incluyendo a la Coalition of California Utility Employees and Friends of the Earth, un grupo ambientalista que desafió los esfuerzos de reanudar la operación de la planta de San Onofre por motivos de seguridad.
Varios grupos de consumidores se opusieron al arreglo: la Alliance for Nuclear Responsibility, Women’s Energy Matters, Coalition to Decommission San Onofre y Ruth Hendrix, una residente de San Diego y proxy para clientes de SDG&E representados por Aguirre. Estos grupos criticaron numerosas disposiciones, sobre todo la decisión de la comisión de llegar a un acuerdo sin analizar si Edison es culpable en parte, al igual que Mitsubishi.
Edison instaló los generadores bajo una regla de uso frecuente que permite a los operadores de plantas sustituir equipo sin autorización previa, siempre y cuando puedan demostrar que la sustitución de un equipo por otro no provoca cambios significativos en las operaciones ni en la seguridad de la planta.
Una revisión posterior, después de que la planta se descompuso, despertó dudas acerca de si Edison minimizó la importancia de los cambios al diseño original del generador para eludir una revisión regulatoria más larga.
Además, los representantes federales de seguridad nuclear no se percataron de posibles problemas en el 2009, cuando se acordó pre-aprobar los generadores de vapor, de acuerdo con una investigación realizada por la Oficina del Inspector General de la NRC. Cuando se publicó la investigación, la senadora Barbara Boxer, demócrata por California, se comprometió a realizar audiencias en diciembre ante el Comité del Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado, que tiene la autoridad de supervisar a la NRC.
Edison demandó a Mitsubishi por daños y perjuicios por más de 139 millones de dólares por los cuatro enormes generadores que estaban bajo garantía.
Lo que sea que Edison gane a través de un arbitraje vinculante, primero se dirigirá a cubrir los gastos legales, y el resto se dividirá por la mitad entre clientes de servicios públicos y los accionistas corporativos, en el marco de la resolución.
Mitsubishi dice que los errores de código no podían haberse previsto, y ha hecho hincapié en que se ofreció a reparar los generadores antes de que Edison decidiera cerrar la planta en junio del 2013. Edison también está demandando reembolsos a seguros a través de una cooperativa de la industria.
No quedó claro si los opositores del acuerdo buscarán apelar ante el tribunal estatal de apelaciones que se encarga de la mayoría de los desafíos a decisiones concernientes con la comisión. La Coalition to Decommission San Onofre (Coalición Pro el Desmantelamiento de San Onofre) es co-demandante en la demanda federal.
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