Organizaciones de derechos humanos, abogados y activistas a favor de los inmigrantes lamentan la falta de una solución para mejorar la situación en los centros de detención, en donde se hallan familias de indocumentados que cruzaron la frontera de manera ilegal el año pasado.
Una de ellas, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), ha cuestionado con insistencia la manera como son tratadas las familias y madres con niños que son detenidos al cruzar de manera ilegal la frontera, y que el verano pasado desató una crisis humanitaria en el país.
«Le hemos dicho a la administración (Obama) que esta no es la manera de tener a las familias que vienen huyendo de la violencia de sus países, son niños que buscan un mejor futuro y la respuesta de nuestro país es ponerlos en prisión para mandar un mensaje», afirmó hoy a Efe Astrid Domínguez, Coordinadora de Defensa de ACLU en Texas.
La activista añadió que dos compañías privadas tienen un contrato con el Gobierno federal para la gestión de estos centros de detención bajo supervisión de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y «no saben cómo tratar con familias, las ven como un negocio que genera dinero».
La agencia de Refugiados de la ONU ha instado en más de una ocasión al gobierno de Estados Unidos a terminar con la detención de los niños inmigrantes y destacó que aunque en algunos casos estén junto a sus familias la detención «tiene un efecto devastador en el desarrollo físico, emocional y psicológico de estos niños».
«Los niños que llegan a otro país en busca de protección internacional son extremadamente vulnerables y tienen necesidades específicas. Debemos tratarlos ante todo como niños, no como inmigrantes ilegales», señaló hace poco Antonio Gutiérrez, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.
El Comité de Servicio Unitario Universalista (UUSC) y el Centro para Educación y Servicios legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES) denunciaron la semana pasada un intento de suicidio en el centro de detención de Dilley, así como señales de malnutrición y deshidratación entre madres y niños centroamericanos detenidos en Karnes, ambos centros en Texas.
«Tuvimos un caso de intento de suicidio de una madre en Dilley, ella fue trasladada a otro centro y el fin de semana fue dejada en libertad sin fianza», relató a Efe Rachel Gore Freed, del Programa de Derechos en Riesgo de UUSC.
La inmigrante hondureña, cuyo nombre se mantiene en reserva, se hallaba detenida desde diciembre de 2014, cuando cruzó la frontera con su hija de 4 años de edad, y al mes siguiente se determinó que su asilo era factible por un caso de miedo creíble.
A través de una declaración enviada a Efe, ICE confirmó el referido intento de suicidio, sin profundizar en detalles, ni tampoco sobre las quejas respecto al trato a inmigrantes en estos centros de detención.
«En el caso de una residente que atentó contra ella misma, nuestro personal, contratistas y profesionales de medicina entrenados y equipados para proporcionar ayuda inmediata y tratamiento dieron seguimiento a la persona necesitada», señaló la dependencia.
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