By No es más que una línea casi enterrada en un memorándum oficial enviado por la Casa Blanca al Departamento de Estado con motivo del fin del año fiscal 2014 y el comienzo del próximo en este mes de octubre.
Pero el hecho de que por primera vez se incluya a ciudadanos “de Honduras, Guatemala y El Salvador” en el grupo de personas que “podrán ser consideradas refugiadas con el objetivo de ser admitidas en Estados Unidos” supone el primer paso efectivo de uno de los planes concretos de Washington para tratar de detener el flujo de menores centroamericanos no acompañados que han llegado por miles a la frontera estadounidense los últimos meses.
La idea, lanzada durante la cumbre que el presidente Barack Obama celebró a finales de julio con sus pares de Honduras, Guatemala y El Salvador en la Casa Blanca para debatir la crisis de los menores indocumentados, es crear un programa para que se procesen en el mismo país donde se origina este tipo de inmigración -que ha puesto en jaque al gobierno de Estados Unidos en los últimos meses- las solicitudes de estatus de refugiado de los menores que quieren emigrar al país norteamericano.
“La autorización presidencial para la admisión de refugiados para el año fiscal 2015 incluye lenguaje que señala la intención del Gobierno de lanzar un proceso de estudio de petición de refugiados ‘en el país’ en Honduras, El Salvador y Guatemala”, confirmó la portavoz de la Casa Blanca Katherine Vargas.
El objetivo es “proporcionar una alternativa segura, legal y ordenada al peligroso viaje que los niños están realizando actualmente para reunirse con sus familiares en Estados Unidos”, explicó.
Con todo, precisó Vargas, el memorandum enviado el 30 de septiembre no es más que el primer paso de un proyecto que aún no está en marcha ni siquiera en su fase piloto, que debe arrancar en Honduras en una fecha aún por definir. Falta todavía que tanto el Departamento de Estado como el de Seguridad Nacional -encargado del proceso migratorio- precisen “varios parámetros del programa”, según la versión oficial.
La decisión se conoce cuando se está a la espera de que el Gobierno estadounidense revele las cifras totales de menores indocumentados llegados durante el último año fiscal a Estados Unidos.
EE UU y los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador han realizado los últimos meses intensas campañas de concienciación sobre los peligros del viaje y de combate a los falsos “mitos” migratorios divulgados por los coyotes, como la existencia de un “permiso” que le permite a los menores quedarse en el país. Ello, unido a un procesamiento legal más rápido de los casos, así como factores “estacionales” (en verano siempre desciende la llegada de indocumentados por el desierto), ha hecho que la llegada de menores no acompañados se haya reducido sensiblemente en los últimos meses, según datos oficiales.
Con todo, se calcula que la cifra total del año fiscal 2014 ronde los 70.000, un número mucho más alto que en años previos.
El espacio de solicitudes de asilo reservado este nuevo año fiscal para la toda la región de América Latina y el Caribe es sólo de 4.000 de los en total 70.000 fijados como límite. Por ello, el impacto futuro de estos programas frente al flujo migratorio ilegal de menores será previsiblemente limitado, incluso aunque en el memorándum se haya dejado un espacio asignable en “circunstancias excepcionales” para otros 2.000 refugiados más y que la Casa Blanca ha indicado “flexibilidad para acomodar a un número más alto de lo anticipado de menores de Centroamérica, en caso necesario”.
Fuentes oficiales insisten en este sentido en que este programa no es más que una parte de un “esfuerzo integral” que tiene otros muchos elementos, entre otros combatir “de raíz” los problemas en materia de inseguridad y de falta de oportunidades económicas y sociales en los países de origen.
A comienzos de julio, Obama pidió al Congreso un paquete de 3.700 millones de dólares para hacer frente a la crisis de los menores migrantes en el que se incluían 300 millones destinados precisamente a este objetivo “in situ”. La propuesta fue rechazada por el Capitolio, lo que ha llevado al Gobierno a buscar alternativas para financiar proyectos en esta materia.
El comienzo de un nuevo año fiscal le ha dado a la Casa Blanca precisamente una oportunidad en este sentido, al ordenar Obama mediante otro memorandum «redireccionar» un total de 123 millones de dólares a cubrir “necesidades urgentes” en varias zonas del mundo. De este monto, 76 millones serán destinados a “atender las causas subyacentes de la migración en Centroamérica, en especial la inseguridad”, según un funcionario de la Casa Blanca consultado por este periódico.
La decisión responde, señaló, al compromiso que alcanzó Obama con sus colegas centroamericanos a finales de julio y no a la última propuesta de éstos con el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte que sus cancilleres le presentaron hace una semana al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, y que previsiblemente recibirá una respuesta en unas seis semanas, según la ministra hondureña Mireya Agüero.
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