By Retos estructurales y una propuesta de reforma desde la frontera
Por: Dr. Karim Chalita Rodríguez, presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana
En el Estado de Baja California y, sobre todo, en la ciudad de Tijuana, el turismo, además de ser un eje estratégico económico, también conlleva desarrollo, identidad y proyección internacional.
México es conocido alrededor del mundo como uno de los destinos mejor posicionados como atractivo turístico. En materia turística, es la Ley General de Turismo la que se toma como base para fomentar, ordenar y regular esta actividad. Es en esta ley donde se construye el crecimiento turístico de nuestro país.
Sin embargo, su contenido refleja vacíos y áreas de oportunidad, ya que en ocasiones las reglas no están claras y causa confusión su aplicación.
Siendo Tijuana una de las fronteras más transitadas del mundo, podemos decir que la ciudad se sale del contexto de un destino tradicional. En Tijuana no existe una actividad o sector turístico que destaque como característica única, ya que se cuenta con una amplia diversidad de géneros y atracciones.
A manera de ejemplo, podemos distinguir el turismo médico, siendo la ciudad número uno en captación de pacientes por este concepto, con una derrama económica anual de aproximadamente 1,300 millones de dólares, según la fuente que se consulte.
Otro sector por el que destaca la entidad es su gastronomía, la cual se caracteriza por ser de fusión; esto se debe a la gran influencia de la población migrante que se establece en la ciudad, representando aproximadamente el 50 por ciento de la población total.
El turismo inmobiliario, cultural, religioso y deportivo también forman parte del amplio abanico de opciones turísticas. Esto convierte a la ciudad de Tijuana en el lugar ideal para poner a prueba la legislación turística día a día.
En la práctica, uno de los puntos que con frecuencia causa controversia es el relacionado con las facultades entre los tres niveles de gobierno, donde la interpretación adquiere distintos significados según la normatividad que se aplique, ya sea federal, estatal o municipal, impactando directamente en la inversión, en la competitividad de los establecimientos y, sobre todo, en la experiencia del visitante.
Un ejemplo de ello es el turismo médico, donde existen regulaciones tanto federales como estatales. La certificación del Consejo de Salubridad General es el reconocimiento máximo en nuestro país; cuando se obtiene, después de un meticuloso proceso, la institución hospitalaria es reconocida como confiable, cumpliendo con buenas prácticas y contando con médicos colegiados y certificados. Sin embargo, existen instrumentos como el REPSABI, que son de carácter estatal. Si bien no es obligatorio, al obtenerlo los establecimientos son promovidos por la Secretaría de Turismo del Estado de Baja California en su catálogo de excelencia.
Por otro lado, en materia de tramitología, existen permisos, licencias o constancias que únicamente pueden realizarse a nivel federal, sin existir una adecuada coordinación con las entidades locales que facilite su gestión. Esto resulta en trámites que se retrasan o cuyo seguimiento se desconoce.
En décadas pasadas, las entidades estatales como COEPRIS estaban facultadas para otorgar estos permisos; sin embargo, la federación dejó de validar dichas licencias sanitarias en el caso de los establecimientos de salud, obligando a repetir los trámites conforme a la normatividad federal.
En materia de infraestructura turística, en muchas ocasiones la entidad estatal realiza obras de infraestructura o embellecimiento sin que la autoridad municipal esté enterada. Lo mismo ocurre cuando alguna dependencia requiere realizar reparaciones que implican romper el pavimento; la falta de coordinación provoca que, una vez terminadas las obras, las vialidades queden sin pavimentación por largos periodos.
Otro ejemplo es la falta de señalética turística: aunque los recursos ya hayan sido aprobados, la falta de coordinación entre los actores retrasa su ejecución por meses o incluso años.
Asimismo, un aspecto relevante es el uso de plataformas digitales, donde la modernidad ha superado a la política pública. Actualmente, la industria hotelera y los touroperadores hacen uso de estas tecnologías que evolucionan rápidamente; no obstante, esto también ha dado lugar a fraudes, como incumplimientos en reservaciones pese a haberse realizado pagos anticipados, generando insatisfacción en los turistas.
La autoridad deberá establecer lineamientos mínimos para su operación, protegiendo tanto al consumidor como al prestador de servicios, y evitando posibles conflictos futuros.
En materia de salud pública, llama la atención la diferencia de requisitos entre el comercio establecido y el comercio ambulante en el sector gastronómico. El primero, además de cumplir con el marco regulatorio, está sujeto a revisiones sanitarias constantes. En contraste, la autoridad sanitaria señala que la supervisión del comercio ambulante es facultad de los ayuntamientos, generando un vacío en materia de vigilancia sanitaria.
Por otro lado, consideramos que la normatividad debe adecuarse a los tiempos actuales. Seguramente el lector podrá identificar más ejemplos de discrepancias regulatorias.
Propuesta de reforma:
1. Claridad en las facultades y competencias, estableciendo una coordinación obligatoria entre los distintos niveles de gobierno.
2. Regulación integral del uso de plataformas digitales en el sector turístico.
3. Alineación del desarrollo urbano con la actividad turística, de manera vinculante.
4. Establecimiento de lineamientos claros y certificaciones obligatorias en materia de sustentabilidad.
5. Participación del sector privado en la toma de decisiones.
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